![Una de las votaciones que se han llevado a cabo este jueves en la sesión plenaria. (Parlament de Catalunya)](/media/asset_publics/resources/000/819/462/article_main_landscape/PleParlamentCat.jpg)
El Pleno del Parlament de Catalunya ha validado este jueves el decreto de la Generalitat para crear el fondo de 10 millones de euros para contraavalar los avales emitidos desde el Institut Català de Finances (ICF) para hacer frente a las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 excargos del Govern por la política exterior a favor del Procés.
Después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya acordado por unanimidad un dictamen mediante el que avala este decreto y recomienda modificar algunos artículos para evitar «dudas que suscita la redacción actual», la resolución ha contado con el apoyo de ERC, Junts y la CUP; la abstención de PSC-Units y Comuns; y el rechazo de Vox, Cs y PP.
El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha apostado por tramitar el decreto como proyecto de ley para incorporar los cambios en la redacción planteados por el CGE, «que en ningún caso modifican ni alteran su contenido», lo que ha prosperado con el apoyo de todos los grupos excepto Cs, que se ha abstenido.
«Avalar la presunción de inocencia»
Giró, que ha sido aplaudido tras la aprobación, ha defendido que el dictamen del CGE «despeja las dudas sobre su legalidad que intencionadamente se habían difundido las últimas semanas», y ha asegurado que el fondo protege a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y permite llevar a cabo la acción política sin miedo ni angustia.
«Permitirá avalar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, y nos ayudará a reducir la sutil represión del miedo que ahoga la legítima y democrática acción política en Catalunya», ha subrayado.
Ha lamentado la apuesta de Ciudadanos y Vox de llevar el asunto a la Justicia –la Fiscalía ha abierto una investigación tras una denuncia de Cs–, y ha manifestado que lo que hacen es renunciar a su soberanía política y claudicar, porque deciden «subcontratar su trabajo a los tribunales y a la Fiscalía», por lo que les ha pedido que mantengan «debates políticos» y no promuevan «juicios políticos».
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