![Repartidor de Glovo trabajando en Gasteiz hace unos meses. (Raúl BOGAJO | FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/822/723/article_main_landscape/glovo.jpg)
Las plataformas digitales Glovo y Deliveroo mantienen este jueves el reparto con trabajadores autónomos pese a la entrada en vigor este jueves de la ley «rider», normativa diseñada por el Gobierno junto a patronal y sindicatos con el propósito de evitar esta práctica y obligar a las empresas a contratarlos como asalariados.
Por el contrario, la compañía Ubereats ha dejado de recurrir a autónomos y solo utilizará repartidores subcontratados a través de empresas terceras especializadas en servicio de flotas, mientras que firmas más pequeñas como Stuart han advertido de que el plazo de tres meses para adaptarse «no era suficiente» y han empezado a contratar «riders» pero todavía no alcanzan el 100 %.
De momento, el Ministerio de Trabajo y Economía Social no se ha pronunciado sobre si las fórmulas escogidas por las empresas se ajustan a la nueva regulación; fuentes del Departamento de Yolanda Díaz han recordado a Efe que la evaluación se acometerá a partir de ahora y que la Inspección de Trabajo estará «vigilante».
Las dudas que despiertan las soluciones adoptadas por las plataformas son compartidas por asociaciones de repartidores y sindicatos, e incluso despachos de abogados como SBO ya estudian la posibilidad de presentar demandas contra Glovo, Deliveroo y Ubereats por no respetar la norma.
Luis Suárez, socio de ese bufete, ha subrayado hoy en declaraciones a Efe que ya tienen acciones legales en trámite y están preparando nuevas denuncias.
En el caso de Glovo, la compañía mantendrá al 80 % de sus repartidores (cerca de 8.000 personas) como autónomos bajo un nuevo modelo que, en su opinión, elimina los indicios de laboralidad señalados por los tribunales y por tanto se ajusta a la legislación, y al restante 20 % lo irá contratando directamente como asalariado a lo largo de 2021.
La ley «rider» es en realidad una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que recoge la «presunción de laboralidad» en el ámbito de las plataformas digitales de reparto, por lo que la plataforma defiende que puede demostrar caso por caso que no existe dependencia y que respeta los criterios exigidos a la hora de definir el trabajo autónomo.
Casuistica por empresas
Deliveroo, por su parte, se prepara para salir del país en torno al mes de octubre, aunque antes acometerá un proceso de despido colectivo que incluirá a sus repartidores y para que puedan participar pretende darles de alta en la Seguridad Social.
Sin embargo, la firma ha precisado que es compatible que estos mismos «riders» sigan trabajando como autónomos hasta que cierre su aplicación y deje de aceptar pedidos, por lo que en la práctica actualmente mantiene sus operaciones «tal y como se han llevado a cabo hasta ahora».
Aunque en España se permite que un trabajador sea autónomo y empleado por cuenta ajena a la vez, el abogado de UGT Bernardo García ha cuestionado la legalidad de las acciones de Deliveroo y ha resaltado que de cara a la negociación del despido colectivo que arrancará en septiembre lo fundamental es que los repartidores vean reconocida su antigüedad.
Ubereats ha decidido dejar de utilizar autónomos en sus labores de reparto y subcontratará al 100 % de sus «riders» a través de empresas terceras especializadas en flotas, aunque ha garantizado que no recurrirá a empresas de trabajo temporal (ETT).
Un portavoz de la compañía ha instado hoy mismo al Gobierno a que vigile el cumplimiento de la normativa por parte de todos los operadores del sector.
No obstante, el modelo escogido por esta plataforma también genera dudas en el plano legal, y abogados y asociaciones de repartidores ya acusan a la empresa de haber acometido un despido ilegal por la forma en que ha dejado de contar con los autónomos y advierten de que el uso de flotas puede suponer un caso de «cesión ilegal de trabajadores».
En cuanto a Just Eat, la firma nunca usó autónomos -fue la única a favor de la ley «rider»-, actualmente subcontrata a sus repartidores a través de terceros y ya negocia con los sindicatos la firma de un convenio como paso previo a afrontar su contratación directamente como empleados.
El sector del envío de comida a domicilio en el conjunto del Estado español ha crecido con fuerza en los últimos meses como consecuencia de la pandemia; se calcula que en el país trabajan entre 15.000 y 20.000 repartidores, la mayoría latinoamericanos.
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