El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ha aprobado este martes el proyecto de ley con el primer bloque de medidas para reformar el sistema de pensiones, reforma que ha sido pactada con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme.

En la rueda de prensa posterior, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha señalado que con este proyecto de ley se da «cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo», se recupera el acuerdo con los agentes sociales y se cumple con el Plan de Recuperación postpandemia.

Este proyecto no cuenta con el respaldo de la mayoría sindical vasca ni de las plataformas de pensionistas de Hego Euskal Herria, como se hizo patente de nuevo el lunes en Bilbo, donde el rechazo a las medidas aprobadas hoy se vio reforzado con la presencia de otras asociaciones de jubilados del Estado.

Entrada en vigor antes de finalizar el año

El Gobierno de PSOE-UP confía en que esta ley entre en vigor «antes de fin de año», ya que se basa en unas recomendaciones que fueron redactadas por «la mayoría de los grupos políticos», ha resaltado Rodríguez.

Esta normativa volverá a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación, una actualización que «quedó en suspenso con la reforma de 2013», que fue aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP.

Según ha detallado la portavoz, las pensiones subirán según la inflación del año anterior. En caso de que se haya registrado un IPC negativo, «se mantendrán» las cuantías del ejercicio precedente.

Esta norma deroga también el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013 y da un margen para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que todavía no ha sido definido por el Ejecutivo, que se ha dado un plazo para acordarlo en el marco del Diálogo Social.

Retrasar la edad de jubilación

La nueva reforma introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Entre esas medidas, se establece un cheque de hasta 12.000 euros o un 4% de pensión adicional de por vida, la eliminación de excepciones en las cláusulas de jubilación forzosas o la mejora y flexibilización de coeficientes reductoras en las jubilaciones anticipadas, tal y como ha dicho la portavoz del Ejecutivo.

Continuarán las negociaciones

Más allá de esta normativa que entra ahora en las Cortes para su tramitación, el Gobierno español y los agentes sociales ya citados seguirán negociando el desarrollo de algunos puntos del acuerdo firmado el pasado 1 de julio.

Uno de ellos es el comentado mecanismo de equidad intergeneracional, que debe estar pactado durante el otoño con una fórmula «bien distinta de la que tenía el derogado factor de sostenibilidad», tal como han indicado este martes CCOO y UGT en un comunicado.

También queda por concretar, han recordado, la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo para mejorar su protección social y establecer un sistema de cotización más justo, así como el incremento de las pensiones mínimas y de las bases máximas de cotización.