La defensa de Pablo Ibar, preso de origen vasco que se que permanece en la actualidad recluido en la prisión de Okeechobee (Florida), ha presentado un nuevo recurso. Lo ha hecho obligada por el Tribunal de Apelaciones de Miami, que limitó la extensión del escrito casi a la mitad.

La asociación Pablo Ibar-Juicio Justo ha explicado en un comunicado que el abogado, Joe Nascimento, ha realizado otro texto en el que recoge todas «las irregularidades» cometidas en todo el proceso que, a su juicio, suponen vulneraciones constitucionales y que deberían llevar a un nuevo juicio.

Ibar, que ha pasado más de 27 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte, fue declarado culpable de un triple crimen y condenado a cadena perpetua en 2019, tras un polémico proceso judicial. Su abogado pide la nulidad de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio por «las numerosas irregularidades y decisiones de parcialidad» en las que, a su parecer, incurrió el juez Dennis Bailey.

Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia de Broward County «abusó de su discrecionalidad» y «cometió graves errores jurídicos». En este sentido, asegura que «violó los derechos constitucionales» del acusado a un jurado justo e imparcial, al denegar, entre otras cuestiones, «la moción de la defensa de sacar al jurado de la sala cuando el Estado se refirió de manera inadmisible al derecho constitucional del acusado a guardar silencio, implicando que su silencio era una admisión de culpabilidad, lo cual constituye una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución».

También entiende que el mismo órgano judicial no actuó de manera imparcial cuando prohibió a la defensa interrogar a testigos «clave» para los intereses del procesado, o cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas.

Advierte de que los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos «fueron innecesariamente sugestivos» y condujeron al testigo «a una probabilidad sustancial de identificación errónea». También añade que la introducción de esta prueba «no fue inocua».

Nascimento argumenta que el juez vulneró el derecho constitucional de Ibar a un proceso con todas las garantías y su derecho a la contradicción, al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward.

En esta línea, recuerda que la Fiscalía aportó para este juicio, de manera un tanto sorpresiva, una camiseta que contenía unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar. La defensa ha venido sosteniendo que dicha muestra, en todo caso, fue fruto de una contaminación que se produjo en el laboratorio.

En la apelación se critica también la «conducta inapropiada» del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Pablo Ibar su «derecho constitucional a un juicio justo». Cree el abogado que, una vez más, el juez abusó de su discrecionalidad cuando desestimó la protesta de Pablo Ibar después de que el fiscal pusiese fin a su informe con una «declaración incendiaria».

A la espera de una decisión

El nuevo texto presentado por Nascimento será trasladado a la Fiscalía para que, a su vez, efectúe las alegaciones que estime oportunas. A continuación, la defensa dispondrá de un nuevo turno para replicar los argumentos de la acusación.

Será entonces, cuando el Tribunal de Apelaciones examinará los posicionamientos de las partes y abrirá un proceso de deliberación antes de emitir su decisión, que será la de repetir nuevamente el juicio o denegar la petición. La resolución, según fuentes de la defensa, podría demorarse un año. En el caso de que la apelación no prosperase en esta fase, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida.

Un proceso de casi tres décadas

Pablo Ibar, que permanece en la actualidad recluido en la prisión de Okeechobee (Florida), fue declarado culpable del triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario del chalet donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

Los tres murieron en 1994 a manos por dos individuos que irrumpieron en la vivienda. La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, capta el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó con Pablo.

Sin embargo, en el último juicio celebrado entre 2018 y 2019 quedó acreditado, incluso por peritos de la acusación, que dicho vídeo no tenía la calidad de imagen suficiente para realizar ninguna identificación.

La asociación Pablo Ibar-Juicio Justo continúa trabajando en la recaudación de fondos entre las instituciones, organismos y también entre la ciudadanía que permitan costear la apelación. El presupuesto para esta fase es de 200.000 dólares (164.200 euros). La asociación mantiene una campaña de crowdfunding para ello.