El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha ratificado el proyecto de ley que deroga la Ley de Seguridad Nacional de 1983, que se remonta a la dictadura militar, pero ha vetado parte de su contenido relacionado con la «comunicación masiva engañosa».

En el texto original, la comunicación engañosa se define como «promover o financiar, personalmente o a través de un intermediario (...) la difusión de hechos que usted sabe que son falsos y que son capaces de comprometer la salud del proceso electoral».

La decisión de Bolsonaro, que ha dado luz verde al proyecto del Congreso pero ha introducido cambios, se produce ahora que está siendo investigado precisamente por la difusión de fake news. Está acusado de hacer uso de este tipo de estrategias para desestabilizar el país.

Al justificar el veto, sin embargo, el presidente ha argumentado que el pasaje va en contra del interés público al no dejar claro qué se castigaría, ya sea la conducta de quienes generaron la información o de quienes la compartieron, según informaciones del portal de noticias G1.

El presidente también ha cuestionado si habría un «tribunal de la verdad» para definir lo que se puede entender como falso. La justificación concluye que el fragmento vetado podría «sacar al votante del debate público».

Otro de los artículos vetados prevé el castigo de todo aquel que impida «el ejercicio libre y pacífico de manifestaciones». El argumento del presidente es que sería difícil definir de cara a una protesta «qué es una manifestación pacífica».

Bolsonaro también ha bloqueado el artículo que permitiría a los partidos políticos con representación en el Congreso presentar una demanda por delitos contra las instituciones democráticas en relación con procesos electorales si el Ministerio Público no lo hacía dentro del plazo establecido por la ley.