Imponer multas coercitivas a las administraciones que no colaboren será la nueva facultad que tendrá el Defensor del Pueblo de Nafarroa, después de que el Parlamento aprobara por unanimidad una proposición de ley al respecto.

Por Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que la iniciativa pretende dotar al Defensor del Pueblo de capacidad para imponer estas multas, de 1.500 euros en plazos de 20 días consecutivos frente a las «resistencias» de algunas administraciones a colaborar con la institución.

«Esperemos que estas multas sirvan ante una falta reiterada y contumaz de no colaborar», ha dicho.

Virginia Magdaleno, del PSN, ha apuntado que se trata de una «problemática creciente» cuando la actividad del Defensor del Pueblo sobre los actos que dictan las administraciones «es importante que se realice de forma eficiente».

Y ha apuntado que esa falta de colaboración afecta a distintos partidos políticos, a los que ha apelado para llegar a un consenso que renueve al titular de la Defensoría que lleva años en interinidad.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha señalado que es tarea del Parlamento actualizar leyes allá donde se ve la necesidad de una reforma y una de ellas es esta para dotar de mayor fortaleza y capacidad a la institución del Defensor del Pueblo para favorecer la atención ala ciudadanía.

«Veremos si la reforma es acertada pero sí nos parece que se reforme la capacidad del Defensor del Pueblo a la hora trabajar en sus cometidos», ha concluido

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha recordado que han sido dos los informes presentados por el Defensor pidiendo eta reforma para «mejorar la eficiencia en el trabajo» de esta institución que atiende las quejas de los ciudadanos frente a las decisiones de las administraciones.

Por eso ha pedido que no se confunda la multa coercitiva para recordar a las administraciones cuáles son sus obligaciones con un mecanismo de amenaza o presión.

Por Podemos, Mikel Buil ha destacado que «un mayor poder exige también una mayor responsabilidad» y por ello ha considerado que habrá que hacer desde el Parlamento un mayor seguimiento de la actividad del Defensor del Pueblo como «garante» de que los derechos de la ciudadanía se cumplen acorde con las decisiones parlamentarias.

«Esperamos bastante de esta modificación y, como siempre, esperamos bastante de usted», ha subrayado.

Para Marisa de Simón, de I-E, el objetivo es que las advertencias o requerimientos que hace el Defensor del Pueblo sean recogidos y contestados por las administraciones, «un paso muy importante para que la ciudadanía tenga derecho a la defensa ante las administraciones».

Por eso ha confiado en que las «sanciones tengan un efecto disuasorio con respecto al no cumplimiento».