La pasada legislatura Elkarrekin Podemos jugó un papel determinante en la aprobación de las cuentas de Iñigo Urkullu, y el pasado curso cerró un acuerdo presupuestario con el PNV y el PSE en el Ayuntamiento de Gasteiz, única capital de la CAV en la que los socios de gobierno no suman mayoría absoluta.

Este jueves, sin embargo, Elkarrekin Podemos-IU ha tratado de marcar distancias con Lakua, asegurando, por boca de Jon Hernández, que no comparten el modelo del Ejecutivo autonómico «en absoluto».

«Estaremos frente a ustedes en su defensa incondicional de la patronal en los conflictos con las y los trabajadores», ha apuntado el parlamentario, que ha censurado la «clara esencia antiobrera» del Gabinete.

Asimismo, ha afirmado que «estaremos frente a su modelo educativo, que beneficia a la privada lastrando con ello a la pública», y «frente a su modelo de externalizaciones y subcontrataciones de los servicios público».

«No somos compatibles con un modelo que supone mayor gasto y peores condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores, pero un negocio redondo para unos pocos», ha indicado antes de cargar contra «su mal llamada ‘colaboración publico privada’, que consiste principalmente en destinar ingentes recursos públicos a manos privadas».

«Y estaremos frente a una fiscalidad injusta donde la principal carga impositiva sigue recayendo en la clase trabajadora, mientras el capital se beneficia de su modelo low cost. No somos compatibles en definitiva con las políticas estilo Margaret Tacher que impulsa este Gobierno en muchos ámbitos», ha manifestado.

«Federalismo republicano»

Hernández ha intervenido tras escuchar el discurso de la portavoz de su grupo, Miren Gorrotxategi, que ha defendido «un modelo de federalismo republicano, que no es tan solo un modelo de organización territorial, sino un modelo social y político donde exista un blindaje legal de lo público y del bienestar social».

En este sentido, ha subrayado que «ante los problemas sobrevenidos, sean crisis o pandemias, la ciudadanía mira a lo público y espera soluciones, sea la salud, la energía, la vivienda, o las pensiones de lo que estemos hablando»; y ha negado que la CAV cuente con «capacidad de hacer frente a las necesidades extraordinarias de gasto derivadas de la pandemia».

«Esto no solamente es falso, sino que, además, implica un no reconocimiento del daño que han provocado las políticas austericidas de la última década a esta sociedad y al conjunto de nuestro entramado institucional. Y es que los servicios públicos, desde Osakidetza hasta la Educación, ya estaban al límite antes de la pandemia: por eso su situación es hoy insostenible», ha añadido.

Además, ha abogado por iniciar una «nueva etapa de reconstrucción institucional que, canalizada a través del Parlamento Vasco, articule toda la capacidad e inteligencia colectiva de este país, para poder enfrentar los enormes retos civilizatorios que se presentan hoy ante nosotros».

Ya que, a su juicio, «son precisamente los recortes de la última década, los que han imposibilitado que nuestra sanidad pueda amortiguar las consecuencias de la pandemia en mejores condiciones; son los recortes los que han propiciado que los servicios sociales de base estuviesen al borde del colapso tan solo semanas después del inicio de esta crisis, o que las residencias de mayores hayan sido el centro de este drama humano».