En días pasados, el Ministerio español de Trabajo dio a conocer que procurará modificar, a través de un real decreto, los criterios de concesión de la Medalla al Mérito en el Trabajo, creada en 1926 durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

De aprobarse, se activaría un mecanismo para que se retirara la medalla a franquistas y se incorporaría el criterio para premiar «entornos laborales inclusivos», así como a empresarios o trabajadores que hayan impulsado medidas para la «lucha contra la discriminación» en el espacio laboral.

A pesar de la promoción de la medida en los medios, fuentes de la cartera de Yolanda Díaz explicaron a Naiz que la iniciativa aún no tiene fecha concreta de implementación porque «dependerá de los tiempos del Consejo de Ministros».

Es decir, que su implementación y el comienzo de la retirada de la medalla a condecorados que participaran del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista no tienen fecha. «Hasta ahora se ha lanzado solamente en audiencia pública desde la página web», comentaron las mismas fuentes.

Con respecto a los tiempos, desde Trabajo señalaron que el plazo para la presentación de aportaciones terminará el próximo 11 de octubre, por lo que hasta entonces la iniciativa permanecerá en audiencia pública.

Esto ocurre en un contexto en el que se ha recrudecido el debate sobre la memoria histórica, tanto por las críticas de los colectivos memorialistas al «insuficiente» proyecto de Memoria Democrática que llevará Moncloa al Congreso como por los retrocesos en el callejero de Madrid y la reposición de nombres franquistas.

De ahí, seguramente, el impacto simbólico del gesto de Díaz al proponer este real decreto ley y la necesidad de que el Consejo de Ministros no retrase su puesta en práctica.

Los cambios que vendrían

Aunque no sea una distinción muy conocida popularmente, la Medalla al Mérito en el Trabajo ha sido entregada a centenares de personas a lo largo de un siglo. Tras ser dada de baja por el Gobierno de la Segunda República, la dictadura de Franco la retomó en 1942.

En plena posguerra, en aquel BOE del 28 de marzo firmado por el dictador y por el ministro del ramo, José Antonio Girón de Velasco, se recalcaba que el Fuero del Trabajo estaba «inspirado en la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación del Imperio español», declarando al trabajo «no una mercancía sino uno de los nobles atributos de jerarquía y honor que, prestado con heroísmo y abnegación, con ánimo de contribuir al bien superior que España representa, es un servicio y el Estado lo valora y exalta».

Este espíritu nacional-católico fue reformado en 1982, curiosamente una semana después de la intentona militar golpista del 23F. El Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo cambió los criterios franquistas que hoy la ministra de Unidas Podemos quiere reformular añadiendo el componente de memoria histórica:

«Desde la promulgación del Real Decreto 711/1982 hasta la actualidad se han producido una serie de importantes cambios sociológicos y profesionales que hacen necesaria una revisión de las premisas y criterios relacionados con el ámbito laboral, que deben ser objeto de reconocimiento social a través del otorgamiento de la medalla, y que incluirían la posibilidad de establecer una concesión de la distinción a título póstumo».

Según el documento que aún está en proceso de consulta pública, «la integración de España en la UE ha supuesto una nueva concepción del trabajo y de los derechos laborales». Y recalca: «la nueva finalidad del galardón no se refiere solo al trabajo meritorio de personas trabajadoras concretas, sino a la contribución al trabajo digno y de calidad en términos sociales por parte de personas y entidades colectivas».

En el artículo 5 del proyecto aparecen los nuevos requisitos y criterios, y en primer lugar destaca: «la concesión en su modalidad ‘Igualdad’ se concederá en atención a la contribución realizada a una sociedad más justa e igualitaria y a la lucha contra la discriminación. Se concederá, asimismo, en atención a la contribución realizada a la consolidación de entornos laborales inclusivos».

También habrá una modalidad ‘Salud Laboral’ que concederá el galardón «en atención a la contribución en la consolidación de condiciones de trabajo y entornos laborales seguros y sanos». Y remarca en el inciso 5 que la condecoración tendrá en cuenta «la conducta cívica» de la persona o entidad «de acuerdo con los principios y derechos  constitucionales, y particularmente implicará la imposibilidad de su adjudicación» a quienes «hubieran realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos».

Es por lo que aparece en el artículo 10 que este proyecto ha tenido mucha repercusión en algunos medios, ya que aquí se menciona la posibilidad de retirada del galardón «cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito u observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos».

Y prosigue en su siguiente inciso señalando que se retiraría «cuando quede acreditado que la persona beneficiaria, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos».

Los que perderían la medallas

De aprobarse estos cambios, podría ocurrir el hecho simbólicamente potente de retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo al propio Fancisco Franco (la recibió en 1953), a Pilar de Primo de Rivera (fundadora de la Sección Femenina de Falange Española) y a importantes jerarcas militares como el general golpista Juan Yagüe Blanco, conocido como ‘el carnicero de Badajoz’.

Cabe destacar que Yagüe tiene placa en una calle de Oviedo desde el año pasado, cuando el Ayuntamiento gobernado por PP-Cs volvió a colocar su nombre tras los cambios hechos por el alcalde anterior.

Otros que correrían la misma suerte son el ya mencionado Girón de Velasco, el cardenal Enrique Pla y destacados empresarios, como José Banús, acusado de utilizar mano de obra de presos políticos.

El proceso de retirada, si es justo e integral, llevaría años porque, como se desprende de una simple búsqueda, la medalla fue concedida por el régimen falangista a centenares de personas como premio a su labor política en el aparato represivo en los estamentos intermedios. Son decenas los premiados que trabajaban como presidentes, interventores o secretarios generales de las diputaciones.