La reforma que abandera la ministra francesa de Trabajo, Elisabeth Borne, entró parcialmente en vigor el pasado 1 de julio. Desde entonces se aplican medidas como el descenso progresivo de la percepción a partir del noveno mes de prestación para los salarios brutos de 4.500 euros o el sistema bonus-malus que pretende poner coto al uso abusivo de los contratos de corta duración.

La situación de la pandemia, el malestar de los sindicatos, la acogida poco entusiasta de la patronal y las correcciones propuestas por el Consejo de Estado preceden a la publicación, ayer, en el Boletín Oficial de la reforma completa y que, bajo el propósito de «dinamizar» la búsqueda del empleo, esconde una bajada en las prestaciones estimada en el 17% para personas que encadenan periodos sin empleo.

Se endurecen desde hoy las condiciones para acceder a la prestación, debiendo haber trabajado al menos seis meses antes y no solo cuatro como hasta ahora.

Será la nueva referencia en el cálculo de la prestación la que, unida al factor de temporalidad -trabajadores que intercalan periodos de trabajo y de desempleo- la que perjudique más a los trabajadores de los tres territorios en los que el salario medio estimado en 2020 era de 2.239 euros/brutos mensuales.

¿Cómo perciben las personas que tratan de acceder a un primer empleo o de retornar al mercado laboral esta reforma?

El estudio de una asociación que trabaja codo con codo con personas en busca de un empleo puede arrojar alguna luz.

La asociaciación Solidarités Nouvelles face au Chômage (nueva solidaridad frente al desempleo) acompañó en el año de la pandemia a 3.500 demandantes de empleo, de los cuales un 47% lograron acceder a un trabajo pese a la pesada situación ambiental.

En el estudio que hizo público en el primer trimestre del año, antes de que se optara por retrasar y después por fraccionar el contenido de la reforma Borne, la asociación dejaba en evidencia que no se trata de una cuestión que afecte solo a las personas sobre las que se experimentará la nueva fórmula en el cálculo de la prestación sino de todos los trabajadores, ya que «un 62% de las personas que viven de su trabajo pasarán en un momento u otro de su carrera profesional por uno o más periodos de desempleo».

La reforma prevé que la prestación sea decreciente –hasta ahora se cobraba la misma cantidad desde el inicio y hasta el final del periodo de prestación, por un periodo máximo de 24 meses prorrogable a 30 o 36 en función del factor de edad–, lo que tendrá, sin duda, un impacto grave en miles de personas si se atiende al hecho de que, según el estudio de Solidarités, el periodo de desempleo va en aumento.

Un 55% de las personas que buscan un empleo en 2021 se enfrentan a una búsqueda de alternativa laboral que dura una media de diez meses, frante al 51% en 2019.

Cada vez más jóvenes sin empleo

Entre los 2,8 millones de personas a la búsqueda de empleo en el Estado francés –la tasa de paro en Ipar Euskal Herria era en setiembre del 7,4%–, un 33% declaran estar inscritas en las listas de Pôle Emploi  (equivalente del Inem) desde dos años atrás. Eran un 31% en 2019.

Un 77% de las personas que buscaban un empleo y estaban registradas en ese servicio en 2020 tenía menos de 44 años, frente al 68% en 2019.

Los jóvenes de menos de 30 años (1,6 millones) representan el 28% de los inscritos y la bajada de la edad media del demandante pasa a 33,4 años en 2020, cuando era de 36,4 años en 2019 y de 38,8 en 2018.

Aunque el porcentaje de personas de más de 55 años a la búsqueda de empleo no progresa al mismo ritmo –la asociación atribuye esa circunstancia a motivos en ocasiones voluntarios, como un cambio de orientación profesional, y en otros a una permanencia forzosa en la actividad laboral debida los retrasos en la edad de jubilación o a la supresión de las prejubilaciones–, un tercio de esos demandantes llevan más de tres años a la búsqueda de un empleo.

Contra los prejuicios y las campañas de estigmatización de las personas que están fuera del mercado laboral, un 70% de los demandantes que medio año después siguen sin reincorporarse al mundo laboral asegura que estaría dispuesto a reubicarse en otro sector y un 56% aceptaría ofertas que «no le convienen».

Las reformas del sistema se han encadenado en los últimos años y el progresivo endurecimiento de las condiciones para seguir percibiendo la prestación de desempleo, que penaliza el rechazo de ofertas que no se adaptan a las expectativas del demandante, se deja sentir.

Quiebra del principio de solidaridad

¿Cómo ven estas personas que están a la búsqueda de un empleo la reforma que entra hoy en vigor?

Un 67% de los demandantes valoran positivamente que se instaure un sistema de bonus-malus que penalice a los empresarios que abusen de los contratos de corta duración. Sin embargo, ese capítulo de la reforma es bastante más recomendativo que las medidas de recorte de prestaciones.

Un 57% no ve mal la desprogresividad de la remuneración por desempleo para las personas de menos de 55 años con un salario bruto superior a 4.500 brutos al mes (cuadros de empresa o profesionales de alta cualificación).

En lo que concierne al nuevo sistema de cálculo, un 45% de las personas a la búsqueda de empleo se muestra en desacuerdo con una medida que ha debido de matizar sobre la marcha la ministra de Trabajo ante las críticas recibidas.

Sobre la modificación de la duración de la afiliación, otra de las medidas penalizadoras, un 63% de las personas que buscan un empleo rechazan esa medida, sobre cuyo impacto ya advirtió Unedic en un informe revelado por el diario ‘Le Monde’ en marzo pasado.

La entidad social cifraba en 1,15 millones de demandantes de empleo (más de 350.000 con respecto al cálculo inicial) los afectados por la bajada de la percepción por desempleo solo en los 12 primeros meses desde la entrada en vigor de esa reforma que es realidad desde hoy.

«En un contexto de crisis económica que amenaza con prolongarse más allá de 2021 solo podemos deplorar la adopción de una reforma de la prestación del desempleo que perjudicará a las personas en situación precaria y que, por el contrario, necesitan toda la ayuda para evitar una exclusión más profunda», señala Solidarités, para concluir que «la decisión del Gobierno de mantener esta reforma injusta marca una ruptura suplementaria del pacto de solidaridad sobre el que se funda el servicio de seguro por desempleo».