El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición español para dar próximamente luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y también a la Ley de Vivienda, que tenía que haberse aprobado hace siete meses.

Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, los dos socios de gobierno han cerrado su acuerdo esta misma mañana de martes, si bien de momento no han ofrecido más detalles del resultado de sus negociaciones ni del contenido de ambos proyectos.

De hecho, el responsable de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvarez, ha tenido conocimiento del acuerdo durante una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE. «Cuando ha empezado la entrevista este acuerdo no estaba cerrado», ha asegurado. «Habrá que ver a qué se refieren», ha insistido en la entrevista, recogida por Europa Press.

Este pacto permitirá al Gobierno español aprobar próximamente sus cuentas, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya no podrá llevarlas al Consejo de Ministros de este martes, como se había comprometido en un principio. No obstante, fuentes de Moncloa ya señalaron la semana pasada que contaban con aprobarlas, como tarde, la segunda semana de octubre, para que diera tiempo a tenerlas vigentes en 2022.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha avanzado que el Gobierno aprobará el proyecto de los PGE en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este jueves en el Palacio de la Moncloa, y ha explicado que la intención del Gobierno es que las cuentas públicas que ahora inician su tramitación parlamentaria estén aprobadas antes del próximo 31 de diciembre.

Regulación del precio del alquiler

Concretamente, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda pauta la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.

Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales», de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo que se topó ayer la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de «privilegios fiscales».

Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).

La regulación de los alquileres, principal escollo

El PSOE y Unidas Podemos comenzaron en verano a negociar el detalle de los nuevos Presupuestos y, en ese contexto, los morados volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar ya la ley de vivienda, con la regulación de los alquileres incluida, como condición para dar su apoyo a las cuentas públicas, al igual que ya hicieron el año pasado.

De hecho, en 2020 el acuerdo de Presupuestos se cerró a última hora de la noche del día antes de aprobarse en el Consejo de Ministros, después de que Unidas Podemos lograra un compromiso por escrito del PSOE para impulsar, en el plazo de tres meses, una nueva ley de vivienda que incluyera esa regulación de los alquileres.

La negociación de esa norma se ha alargado sin embargo mucho más de lo acordado, por la negativa del PSOE a aceptar la fijación de topes a los precios de los alquileres, y por el rechazo de Unidas Podemos a la propuesta de los socialistas de ofrecer incentivos fiscales como mecanismo para lograr un descenso de los precios.

Así, ante la falta de avances, Unidas Podemos volvió a poner como condición para aprobar los Presupuestos la ley de vivienda y la regulación de los alquileres; una condición que el PSOE había rechazado hasta ahora, al entender que una norma tan importante como las cuentas públicas no se podía ver afectada por ninguna otra negociación. Finalmente, ha sido Moncloa quien ha informado de que se ha llegado a un acuerdo que afecta a ambas cuestiones.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, habían vuelto a constatar sus diferencias en la reunión que mantuvieron este lunes por la mañana. No obstante, 24 horas después los socios han logrado llegar a un entendimiento.

Este mismo lunes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, Yolanda Díaz, aseguró que «no es capaz de entender por qué razón no se quiere hacer» lo mismo que despliegan otros países europeos, sobre todo cuando las familias dedican «el doble a pagar el arrendamiento» que el resto de las medias europeas.

Desde el PSOE, la portavoz en el Senado, Eva Granados, avisó a Unidas Podemos de que cuando se comparte un gobierno no se hacen «ultimatums» ni se «condiciona», sino que se buscan acuerdos con los socios. Eso sí, la dirigente socialista garantizó que el Consejo de Ministros aprobará los Presupuestos Generales del Estado para 2022 porque ya «se están pactando», «más allá de las declaraciones de los compañeros de coalición».

EH Bildu y ERC, sin «cheques en blanco»

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha afirmado que no pondrán «líneas rojas» para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, pero tampoco darán «cheques en blanco», y ha pedido acelerar la derogación de la reforma laboral. La Ley Mordaza y la Ley de Secretos Oficiales son otras de las «muchas cuestiones pendientes» que pondrá sobre la mesa.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Matute ha señalado que «las cosas de Palacio van despacio», y se está en la fase inicial de la negociación de los PGE, en la que cada uno expone sus objetivos y sus pretensiones.

«Es la ley más importante de la legislatura, pero creemos que debe de tener sintonía con la dirección que tome el Gobierno. Toca derogar la Reforma laboral, la Ley Mordaza, la Ley de Secretos Oficiales, etc. Son muchas las cuestiones pendientes que pondremos sobre la mesa», ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha valorado que haya un acuerdo en el Gobierno español, pero ha avisado de que su formación se hace imprescindible para poder sacarlos adelante. «Ojalá sea un buen acuerdo que llegue a la gente», ha dicho en rueda de prensa en el Congreso tras conocer que se ha cerrado un acuerdo con Podemos sobre las cuentas públicas y sobre la Ley de Vivienda, según ha confirmado el Gobierno.

Sin embargo, Rufián ha incidido en que «hay más cosas la vivienda» y ha puesto en valor la «fuerza negociadora» que tiene ERC, que «nos hace imprescindibles para aprobar muchas cosas».