La investigación en torno a las explosiones registradas en agosto de 2020 en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y arrasaron barrios enteros, ha sido suspendida nuevamente hoy martes tras una nueva demanda contra el juez que las encabeza, Tarek Bitar.

El juez ha emitido a primera hora del día una orden de arresto contra el exministro de Finanzas, Ali Hassan Jalil,  después de que este, dirigente del movimiento chií Amal, no compareciera al interrogatorio al que estaba citado, si bien poco después ha sido notificado de la suspensión de las pesquisas por la nueva demanda, presentada por el propio Jalil y el también exministro y diputado de Amal Ghazi Zeaiter.

Fuentes judiciales citadas por el diario libanés 'L'Orient le Jour' han indicado que la investigación queda suspendida hasta que el Tribunal de Casación se pronuncie sobre la demanda, presentada con el objetivo de cesar a Bitar.

El propio Tribunal de Casación rechazó el lunes una demanda contra Bitar por parte de Jalil y Zeaiter, cerca de una semana después de que el Tribunal de Apelaciones hiciera lo propio con otra demanda de estos dos exministros y el antiguo titular de la cartera de Interior Nuhad Machnuk.

El magistrado está intentando aprovechar el período en el que los diputados no tienen inmunidad, antes de la apertura de la sesión de otoño del Parlamento el 19 de octubre, para interrogarles y avanzar en las pesquisas.

Eso esplica los constantes bloqueos y palos en las ruedas a la investigación de prácticamente todo el arco político libanés, que rechaza responder al juez pese a que las propias autoridades han imputado el drama al almacenamiento sin medidas de seguridad de toneladas de nitrato de amonio, altamente peligroso.

Hizbullah entra en escena

La nueva suspensión de las investigaciones llega además después de que el líder del partido-milicia de la organización de la resistencia chií Hizbullah, Hassan Nasrallah, cargara duramente contra Bitar y  le acusara de tener posturas «selectivas» y «politizadas».  Más reclamó que sea sustituido «por un juez transparente y honesto» y llegó a asegurar que las familias «no lograrán la verdad con este juez».

Nasrallah, líder del «Partido de Dios» y aliado de los chiíes de Amal, advirtió de que «el país puede ir hacia un gran desastre si el juez sigue actuando de esta forma» y reiteró que "lo que está pasando en la investigación de la explosión en el puerto no tiene nada que ver con la justicia o la ley".

«Lo que está pasando en la investigación es un error muy, muy, muy, muy grande y no aceptaremos que el asunto siga así durante los próximos días», advirtió el jeque y líder de la organización chií. «Debe resolver el asunto y, si no lo hace, el Gobierno debe resolverlo», urgió.

Malestar popular por las dilaciones

El malestar popular ha ido al alza durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez Bitar ha citado a declarar en el marco de las pesquisas, entre ellos al ex primer ministro y político uní Hassan Diab, quien dimitió tras las explosiones y siguió en el cargo en funciones hasta que se logró un acuerdo para formar el nuevo Gobierno en setiembre.

El juez cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los familiares de las cerca de 200 víctimas mortales de la explosión.

Nizar Saghieh, director de la ONG jurídica Legal Agenda, asegura que «estamos ante una decisión política de no dejar trabajar al juez».

«Las fuerzas que le rechazan están utilizando de momento todos los medios jurídicos, pero está claro que algunas partes están dispuestas a inclinarse por medios no legales», advierte Saghieh.

Desde hace semanas, el juez Bitar sufre una campaña de denigramiento y de grandes presiones para que dé marcha atrás. Ha llegado a ser amenazado por un importante dirigente de Hizbullah.

El 16 de setiembre pasado, lanzó una orden de arresto contra el entonces ministro de Transporte, Youssef Fenianos, miembro de un partido cristiano aliado de la organización chií.

No pocos auguran que el magistrado correrá la misma suerte que su predecesor, el  juez Fadi Sawan, destituido tras haber inculpado a altos representantes políticos.

Aya Majzoub, de Human Rights Watch, asegura que «la conducta de los políticos en el affaire se asemeja a una parodia» de la justicia».

«Los políticos intentan por todos los medios suspender la investigación, en una tentativa ridícula para escapar a la justicia», sentencia.