El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Gobierno municipal de Donostia y ha declarado firme la sentencia que declara nulo el acuerdo del 1 de marzo de 2018 de la ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones.

Ahora el Ayuntamiento deberá dar cuenta de la ejecución de la sentencia en el Pleno de la ciudad, presumiblemente el 28 de octubre. Tal y como explica EH Bildu en una nota, queda por saber «en qué situación se quedan los centenares de pisos turísticos que se abrieron bajo el amparo de una ordenanza que ahora está, a todos los efectos, declarada nula de pleno derecho».

Dicha ordenanza, aprobada en 2018, permitía la instalación de pisos de uso turístico en los edificios de la ciudad por encima de la primera planta. «Aquella ordenanza fue autocalificada como ‘ejemplar’ por el Gobierno municipal, llegando a asegurar que estaba siendo copiada por otras ciudades del Estado», ha asegurado EH Bildu.

En enero de 2020, esta ordenanza fue declarada nula por el TSJPV y en febrero de 2021 el Tribunal Supremo español hizo lo propio. En abril de 2021 PNV y PSE aprobaron un cambio que volvía a permitir establecer pisos turísticos por encima de la primera planta. «El final de la ordenanza podría haberse previsto por parte de cualquier persona con un mínimo de conocimientos en Derecho –asegura EH Bildu–, ya que ninguna ordenanza municipal puede contravenir lo dictado por el Plan General».

A su vez, recuerda que la coalición advirtió de ello en todas las reuniones llevadas a cabo sobre la ordenanza, por lo que no entiende que los servicios jurídicos del Ayuntamiento «no supieran lo que iba a ocurrir». También ha explicado que las ordenanzas llevan la firma del secretario municipal; «más tarde se conoció que el señor secretario era propietario de un piso turístico que, casualmente, resultó ser una de las propiedades que se vio directamente beneficiada por la aprobación de esta ordenanza ilegal», denuncia.

La ciudad más cara

Tras la aprobación de esa ordenanza fueron más de 900 los pisos que pudieron ser legalizados. Esta proliferación de establecimientos turísticos es un problema para Donostia, que vuelve a situarse en el número 1 del ranking estatal en precios de vivienda. De hecho, es una de las pocas ciudades en las que se ha encarecido el precio de la vivienda durante la pandemia.

«Los fondos buitre y demás especuladores inmobiliarios conocen muy bien que tienen un ‘amigo’ en el Gobierno municipal donostiarra» que es capaz de aceptar «una ordenanza ilegal» y de recurrir sentencias «con una única intención: impedir el cierre de los pisos turísticos situados por encima de la primera planta», manifiesta EH Bildu.

Sin embargo, lamenta que con «estos malabarismos jurídicos» quien sale perdiendo es siempre la ciudadanía «y su derecho a vivir con dignidad en sus barrios». Por ello, asegura que seguirá luchando «para frenar los procesos de gentrificación en marcha en varias zonas de la ciudad».