![El primer ministro polaco y miembro del partido ultraconservador Ley y Justicia, Mateusz Morawiecki. (John THYS / AFP)](/media/asset_publics/resources/000/841/995/article_main_landscape/Polonia.jpg)
El Gobierno de Polonia planea restringir la educación sexual y la defensa pública de las minorías sexuales cuando se cumple un año de una polémica sentencia que ilegalizó de facto el aborto en el país.
El Parlamento polaco tiene previsto con ese propósito comenzar a debatir el 28 y 29 de octubre una reforma promovida por las mismas asociaciones ultracatólicas que impulsaron la prohibición del aborto anunciada este viernes hace un año y cuyo trámite parlamentario respalda el Gobierno.
Por su parte, el ministro de Educación, Przemyslaw Czarnek, ha prometido «hacer las escuelas más decentes» y no permitir, por ejemplo, menciones a «géneros no biológicos» en los libros de texto.
El ministro respalda incorporar «la visión de la vida y las enseñanzas de (el papa) Juan Pablo II», así como convencer a las niñas de que «tener una carrera» antes que un hijo «es peligroso y no es aquello para lo que fueron llamadas por Dios». Czarnek fue protagonista de una polémica declaración cuando llamó «desviados» a quienes asistieron a la Marcha del Orgullo de Varsovia.
Este viernes están convocadas manifestaciones en todo el país precisamente al cumplirse el aniversario de una decisión que entró en vigor el 27 de enero.
La fundación pro-life (pro vida en inglés) y la activista conservadora Kaja Godek proponen la prohibición de reuniones públicas y manifestaciones que defiendan el matrimonio entre personas del mismo sexo o reivindiquen derechos para estas personas, como adoptar niños o que se reconozca su unión legal.
Propuesta por una iniciativa ciudadana
La petición responde a una iniciativa ciudadana que reunió más de cien mil firmas y que pretende impedir que se reivindiquen identidades de género no biológicas o se promueva la actividad sexual de los menores de 18 años. Se trata del mismo mecanismo legal que utilizaron hace más de un año para intentar conseguir la prohibición total del aborto en Polonia.
En aquella ocasión, y ante la oposición de gran parte de la sociedad polaca, el Gobierno decidió que fuese el Tribunal Constitucional (TC) el que, en una polémica interpretación, prohibiese abortar, aun cuando exista una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o de nacer con una enfermedad grave o terminal. Hasta entonces, el 90 % de los aproximadamente mil abortos legales que se llevaban a cabo cada año en el país se hacían bajo alguno de esos supuestos.
La oleada de protestas, que se extendió durante más de tres meses, generó una movilización civil sin precedentes y terminó por convertirse en una expresión de resistencia contra la política ultra conservadora del Gobierno en la que participaron no sólo las mujeres.
La activista Małgorzata Kulbaczewska-Figat, organizadora y participante en las protestas Strajk Kobiet (Huelga de Mujeres, en polaco), dijo a Efe que, tras la publicación de la sentencia, «los hospitales han dejado de practicar abortos que serían legales hace un año», con casos de fetos con malformaciones o sin esperanza de sobrevivir.
«Por otro lado, la auto-ayuda de las mujeres nunca había sido tan fuerte: ahora es más fácil que nunca encontrar información sobre grupos de apoyo que brindan ayuda a mujeres necesitadas y orientarlas sobre la posibilidad de un aborto farmacéutico o les ayudan a abortar en Austria o Chequia (...) el apoyo a los derechos de las mujeres está creciendo en la sociedad», asegura.
Abortos en el extranjero
Según la organización Abortos sin Fronteras, al menos 34.000 polacas han abortado ilegalmente en su país o han viajado al extranjero para poder hacerlo sin sufrir represalias legales.
La ayuda que pueden recibir las mujeres que desean abortar puede ir desde recibir por correo los medicamentos que se lo permitan hasta asistencia en viajes a países cercanos para ser atendidas en clínicas donde, muchas veces, el personal es polaco.
La ideología ultra conservadora del Gobierno coincide con postulados de la facción más radical de la Iglesia y por ejemplo, Jaroslaw Kaczynski, líder de la coalición que gobierna desde 2015, acusó a los manifestantes de hace un año de «querer destruir Polonia».
Estas posturas han calado en parte de la sociedad y, para Kulbaczewska-Figat, hoy «existe una profunda división entre las mujeres y los hombres polacos».
«La mayoría absoluta de las mujeres en este país defiende los derechos humanos, incluido el aborto y la igualdad LGTB, exigen ayudar a los refugiados y migrantes», pero «la tendencia entre los hombres, y los jóvenes en particular, es identificarse con posturas nacionalistas, el rechazo a los refugiados y defender la 'familia natural'», afirma.
Para un gobierno en la picota internacional por permitir las conocidas como «zonas libres de LGBT», su trato a los refugiados en la frontera con Bielorrusia y una polémica reforma judicial que pone en peligro la independencia judicial, «prohibir los eventos del Orgullo, las banderas arcoíris, o incluso los bares y clubs LGBT» y desatar otra oleada de protestas puede parecer arriesgado, «pero no imposible», afirma la activista.
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