Unidas Podemos ha anunciado que interpondrá una querella contra la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, por un presunto delito de prevaricación tras la decisión «unilateral» de comunicar la retirada del escaño al hasta ahora diputado de la formación Alberto Rodríguez.

Según han explicado fuentes del grupo confederal, la determinación de Batet de sustraer la condición de diputado a Rodríguez bajo el argumento de ejecutar la sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo se adopta contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso, que se expresaron favorables a que conservara su acta.

«La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño», argumentan en Unidas Podemos. Por tanto, han censurado que su decisión, que toma «cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha», hace un «daño enorme a la democracia y al país».

Batet se ha puesto en contacto personalmente con Rodríguez para trasladarle el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.

El Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción –que además el diputado condenado ya ha pagado– es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales.

De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado de UP perdiera el escaño, no llegó «a nacer en ningún momento» al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no «interpretarla».

Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.

Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al Alto Tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella la competente para dar respuesta al oficio.

La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada» y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.

Respuesta del CGPJ

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha publicado en su cuenta de Twitter que «Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», lo que ha provocado la respuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

En relación con la declaración de Ione Belarra, la Comisión Permanente considera que estas manifestaciones «merecen un absoluto y rotundo rechazo», más si cabe «cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».

Por último, el Consejo General del Poder Judicial hace un llamamiento, «especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial».