Los lehendakaris de CAV y Nafarroa, Iñigo Urkullu y María Chivite, se han declarado en las últimas horas perplejos y molestos por la decisión del Constitucional español de tumbar también el segundo estado de alarma, esta vez además con un alegato expreso contra la llamada «cogobernanza» (aunque a la vez resulta notorio que este sistema no funcionó como tal y los criterios estatales se impusieron casi siempre, cuando no las decisiones de órganos judiciales).

Tras coincidir este miércoles en la reunión de la Eurorregión formada por CAV, Nafarroa y Nueva Aquitania, Iñigo Urkullu ha expresado su «perplejidad absoluta»

El lehendakari de la CAV ha manifestado que «en un Estado que se dice autonómico, cuyas comunidades autónomas tienen su ámbito competencial y donde, desde el principio de la declaración del estado de alarma, abogábamos y reivindicábamos un modelo de cogobernanza, de gobernanza compartida entre los gobiernos de las comunidades autónomas con el Gobierno español, resulta curioso que haya una manifestación por parte del TC de cara a lo que ha sido un ejercicio supuestamente de delegación» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Digo supuestamente –ha proseguido Urkullu– porque hay un ejercicio permanente, todavía hoy, en este momento en el que nos hallamos, de cogobernanza mediante la participación en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde las decisiones se adoptan de manera absolutamente compartida».

En esa línea, ha recordado que cuando decayó el segundo estado de alarma el 9 de mayo, el Gobierno de Lakua «abogaba por la prórroga» del mismo, «previendo situaciones que, desgraciadamente, luego vinieron», y se instaba a las comunidades a que «judicializaran las propuestas que desde cada una se planteaban».

«Vimos la maraña judicial, hemos visto las sentencias por parte del propio Tribunal Constitucional, por parte del Tribunal Supremo, en el Estado español en relación a medidas que comunidades autónomas, en función de nuestro ámbito competencial, abordábamos», ha afirmado.

De este modo, se ha referido también al ámbito de la libre circulación de personas con medidas como los cierres perimetrales, los 'toques de queda' o límites horarios para la movilidad de las personas, y ha insistido en que «eso ha sido una decisión por parte del Gobierno español, escuchado también en su caso, a las comunidades autónomas».

Por tanto, el lehendakari ha insistido en que «aquello que afectaba realmente a los derechos fundamentales de las personas estaba adoptado como decisión por parte del Gobierno español en virtud del estado de alarma y no tanto por las comunidades autónomas".

En el caso de la CAV, según ha añadido, «nos vimos limitados por lo que era la decisión sobre los cierres perimetrales o sobre los horarios de cierre por parte de sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en algún caso además con criterio diferente a la propia Fiscalía».

Chivite: «Tirar por la borda»

Por su parte, María Chivite ha asegurado que «resulta un poco desalentador» que la sentencia del Constitucional «vaya en contra» de lo que «es un estado autonómico» donde hay «unas competencias compartidas».

La presidenta navarra ha defendido «un modelo autonómico donde las competencias en materia sanitaria corresponden a las comunidades y ha habido un ejercicio de cogobernanza con decisiones compartidas».

En paralelo, cree que el fallo del TC supone «tirar por la borda el trabajo y el esfuerzo de muchos profesionales» respecto a «todas las medidas que se han ido tomando» durante el estado de alarma.

¿Qué dice el Constitucional?

Según el adelanto de la sentencia forzada por un recurso de Vox, uno de los dos motivos fundamentales de la anulación de este segundo estado de alarma de seis meses es la denominada cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales que, de acuerdo al criterio del tribunal, no correspondía adoptar a las autonomías.

Al respecto, la sentencia considera que, entre otros motivos, esta decisión contraviene la regulación de los estados de crisis y las competencias y limitaciones correspondientes. Y añade que el Gobierno español acordó con carácter permanente la delegación a las autonomías sin reserva alguna de la supervisión efectiva o de la eventual avocación al propio Ejecutivo, de lo que los gobiernos autonómicos pudieran actuar en sus respectivos territorios.