La Conferencia Episcopal francesa ha hecho este lunes uno de los anuncios más esperados tras la reunión celebrada en Lourdes. Durante varios días, a la conferencia se han sumado tanto seglares como víctimas, para abordar las respuestas de la Iglesia al demoledor informe Ciase que atribuye a religiosos hasta 330.000 casos de pederastia cometidos durante los últimos 70 años.

Los prelados han acordado establecer «un mecanismo independiente para el reconocimiento y la reparación de las víctimas», que tendrá, entre otras funciones, la de valorar caso a caso las indemnizaciones a las víctimas.

Para hacer frente a esas indemnizaciones la Iglesia francesa no descarta deshacerse de parte de sus bienes y, si fuera necesario, recurriría a la solicitud de créditos, según lo informado tras esa reunión, que arrancó el 2 de noviembre y en la que han tomado parte 120 prelados.

Los obispos franceses no han precisado la cuantía total que estiman necesaria, pero han asegurado que esa cifra será financiada con sus propios fondos y no con donaciones de los fieles «destinadas a otras misiones».

Ese fondo, en realidad, ya empezó a nutrirse de transferencias de las distintas diócesis desde la asamblea plenaria celebrada el pasado mes de marzo, pero la magnitud del problema ha hecho que en el cónclave de Lourdes se haya optado por abrir la puertas a ventas patrimoniales para afrontar esa reparación económica.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort, ha indicado en conferencia de prensa que las diócesis harán un inventario para saber qué bienes hay disponibles y ha añadido que usarán además sus «reservas económicas».

Otros mecanismos

Los obispos también han acordado la creación de nueve grupos de trabajo, dedicados entre otros a analizar las causas de la violencia sexual en el seno de la Iglesia, y pidieron al Papa el envío de un equipo multudisciplinar que ayude a la Iglesia católica francesa a «abordar la protección de los menores».

La Conferencia se ha clausurado, además, con la decisión de efectuar una auditoría externa de las células de escucha de las víctimas, la creación de un tribunal canónico estatal que entrará en funciones en abril de 2022 y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías locales.

«Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia», ha aseverado De Moulins-Beaufort, que ha anunciado, además, que habrá una asamblea extraordinaria en junio para analizar los avances registrados hasta entonces.