El fallecimiento de una presa de 39 años en la cárcel de Iruñea, conocido este jueves, ha dado un giro 24 horas después. Si en un principio se puso el foco sobre la desasistencia sanitaria dado que son conocidas las carencias del centro, donde no hay médico de guardia que cubra toda la jornada, lo que ahora queda en entredicho es el protocolo antisuicidios aplicado masivamente en las cárceles españolas y que ahora acaba de criticar el Comité europeo para la Prevención de la Tortura (CPT).

Varios medios indican este viernes que ambas presas estaban en la misma celda por la aplicación de este protocolo antisuicidios a la persona a la que se atribuye la muerte, cuya identidad no se ha dado a conocer por el momento, igual que ocurre con la de la fallecida.

En ese sistema, a su compañera de celda –la fallecida en este caso– se le otorga la responsabilidad de acompañar a la persona que ha sido puesta bajo vigilancia permanente.

Se desconocen los motivos del fallecimiento. El caso ha sido situado bajo secreto del sumario por el Juzgado de Instrucción de Iruñea. Pero sí ha trascendido, desde fuentes policiales, que la compañera de celda, de 47 años, ha sido detenida y está investigada por presunto «homicidio».

CPT: «Ningún preso debe supervisar»

Se da la circunstancia de que el CPT acaba de reprender al Estado español por este protocolo antisuicidios que responsabiliza a una persona presa del cuidado de la otra. En el informe publicado esta semana tras la visita de setiembre de 2020, y del que ha dado cuenta NAIZ, se indica lo siguiente: «Si bien puede ser apropiado que los presos reciban formación para desempeñar un papel de mentores para apoyar a los presos vulnerables, el CPT considera que ningún preso debería ser responsable de supervisar a otro preso que se considere en riesgo de intentar suicidarse».

En consecuencia, «el CPT recomienda a las autoridades españolas que dejen de encargar a los presos que actúen como observadores permanentes de otros presos que corren el riesgo de cometer un acto de autolesión o de suicidio y que esa tarea se encomiende a miembros del personal capacitados».

Interior reconoce el «desgaste emocional»

El Gobierno español, concretamente la Secretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, asevera en sus respuestas a este CPT que la «figura del interno de apoyo, sin duda se ha convertido en uno de los recursos de mayor utilidad en distintos programas de intervención penitenciaria y en mayor medida, en el programa de prevención de suicidios».

«Como su nombre indica, se limita a prestar apoyo a la persona, siendo una función auxiliar que no sustituye en ningún caso a la actuación de los profesionales. Si bien, dentro de este encuadre es cierto que conlleva un alto grado de implicación personal y por tanto, un importante desgaste emocional», indica en las aportaciones realizadas al informe del CPT.

«Por este motivo, de forma reiterada se viene llamando la atención a los equipos directivos de los centros penitenciarios acerca de la necesidad de prestarles una debida atención, estableciendo adecuados incentivos y turnos que posibiliten el descanso. En cualquier caso, incidir en que su función se sitúa en el acompañamiento y apoyo, de presencia en espacios y momentos especialmente sensibles, pero nunca en la supervisión», añade.

Cabe señalar que en el citado documento, el ministerio de Grande-Marlaska defiende la formación del personal penitenciario del «área de vigilancia en habilidades de control y contención en situaciones de autolesión y tentativa suicida», que, según indica, «ya se prevé durante la formación inicial de acceso». «No obstante, se comparte la necesidad de aumentar y seguir incidiendo en la sensibilización y formación en esta materia», apunta.