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Piden 10 años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años

La Fiscalía de Gipuzkoa pide una pena de diez años de prisión para un hombre de 22 años acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 14 años con la que quedó a través de una aplicación informática de contactos.

Imagen de archivo de una concentración contra las agresiones sexistas. (Aritz LOIOLA / FOKU)
Imagen de archivo de una concentración contra las agresiones sexistas. (Aritz LOIOLA / FOKU)

La Fiscalía de Gipuzkoa pide diez años de cárcel para un hombre de 22 años al que acusa de abusar sexualmente de una niña de 14 años tras quedar a través de una aplicación informática de contactos.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos sucedieron la tarde del 30 de agosto de 2018, cuando el procesado quedó con la adolescente «a sabiendas de que era menor de 16 años, tanto por su apariencia física» como porque la niña se lo reveló ese mismo día.

El documento concreta que, a pesar de ello, el adulto, «guiado por un ánimo de satisfacer su apetito sexual, mantuvo relaciones sexuales plenas» con la adolescente.

A consecuencia de estos hechos, la menor presenta afectación sicológica, en un contexto de «una situación de abuso», según el texto de la Fiscalía, que también aprecia en lo sucedido «elementos sicosociales compatibles con una situación de desigualdad» que revela «una marcada asimetría en la relación entre ambos, atendiendo a la diferencia de edad cronológica entre el procesado y la menor y su tipo de vivencias».

Por estos motivos, el Ministerio Público considera al hombre responsable de un delito de abuso sexual a una chica menor de 16 años por el que reclama diez años de cárcel para el inculpado y que se le prohíba comunicarse con su víctima y aproximarse a ella durante quince años.

Asimismo, pide que el acusado indemnice a la víctima con 4.000 euros por los perjuicios morales causados, incrementados con los intereses legales correspondientes, y que los datos identificadores del ADN del procesado sean inscritos en las bases de datos policiales.