La manifestación que ha recorrido la distancia que separa a la plaza Saint André del polideportivo Lauga de Baiona ha reunido a unas 8.000 personas según los organizadores de la marcha.

Hasta 32 organizadores sociales y políticas han impulsado la movilización y al cierre del acto se han comprometido a poner en marcha un espacio de trabajo común, desde el respeto a cada organización y abierto a toda la ciudadanía, para hacer que sus demandas aboquen a los mecanismos legales y políticos que permitan poner freno a la especulación y hacer prevalecer el derecho a la vivienda. 

De ahí que esa marcha multitudinaria y colorista, en la que el llavero ha servido de símbolo –los manifestantes han agitado sus llaves al pasar por las inmediaciones de la Subprefectura y de la sede de la Mancomunidad Vasca y ya, con parada incluida, en el cruce que lleva al Palacio de Justicia-, haya sido presentada al final del acto como un primer paso cara a articular ese espacio común que se marca el objetivo de «influir en las políticas locales pero también de arrancar los cambios legislativos necesarios» que hagan posible que se materialice el objetivo de que a nadie le falte un techo.

Seguir sumando fuerzas

El llamamiento a seguir sumando fuerzas y a reforzar la dinámica de movilización ha sellado una movilización que ha dejado en evidencia que el reto de hacer de la vivienda un bien básico es compartido por un amplio espectro de la ciudadanía.

No basta con tener un trabajo. El precio exorbitado de los precios de la vivienda y la escasez de alquileres, una situación derivada de la supremacia del mercado turístico, ha convertido en una misión casi imposible para muchas personas adquirir una vivienda.

De las 198.000 viviendas existentes en los tres territorios, 20.000 se dedican a alquileres turísticos, y a ello se añaden las 40.000 viviendas secundarias. El resultado es claro, hay más viviendas dedicadas al disfrute vacacional que alquileres anuales.

El que antes era un problema de la costa impregna en mayor o menor medida también las zonas de interior. Y la política de aumentar permanentemente la oferta mediante la contrucción de más viviendas –lo que no asegura que no pasen a engrosar el parque de secundarias– amenaza la continuidad de las tierras agrícolas, como se ha puesto de manifiesto de las recientes movilizaciones en Arbona, Kanbo o Hazparne.

Ante esa situación, miles de personas se han sumado hoy en Baiona a la tabla de reivindicaciones básicas que ha unido a esa treintena larga de actores del país.

Piden que se regule el mercado inmobiliario, dando prioridad a la viviendas que se usa para vivir de forma permanente y adoptando medidas fiscales respecto a las residencias secundarias; intervención en el mercado de alquiles; un impulso decidido a la rehabilitación y el uso de bienes desocupados, de cara a frenar la artificialización del territorio; un refuerzo de la política pública de adquisición de terrenos, dando prioridad a la preservación de tierras agrícolas, y también aumentar el número de viviendas sociales y la oferta de alojamientos de urgencia para personas en situación de precariedad social.