Las denuncias reveladas la pasada semana contra el propietario de La Gilda del Norte suponen otra muestra de la situación que viven  personas migrantes que llegan a Euskal Herria sin recursos económicos ni respaldo administrativo en forma de documentos. Una doble combinación que hace de ellas presa fácil de patrones sin escrúpulos que buscan mano de obra barata y sin derechos.

La abogada Izaskun Hurtado de Saratxo explicaba a NAIZ en setiembre que «a una persona sin papeles, y por consiguiente que trabaja sin contrato, le es muy difícil demostrar la relación laboral. Hay empresarios que se aprovechan de esa situación para crear una red de trabajadores no regularizados. Les pagan 800 euros al mes, sin ningún contrato. Se ahorran todas las cotizaciones a la Seguridad Social, pasan por encima de todos los convenios colectivos, del SMI, no les dan vacaciones, les obligan a hacer horas extra sin pagárselas como es debido…»

En las siguientes líneas exponemos cuatro casos que han salido a la luz pública en este año 2021, cuatro botones de muestra que reflejan cómo el fuerte se aprovecha de la situación del débil para aumentar sus beneficios.

Seis años sin libranzas

Juan Carlos Ciprés, propietario del hotel Castillo de Javier, situado en la calle San Nicolás de Iruñea, fue condenado en mayo por la Audiencia Provincial de Nafarroa a nueve meses de cárcel y una indemnización de 3.000 euros por explotación de trabajadores, al someter durante seis años a una mujer de origen búlgaro a un régimen en el que no tenía ni un solo día festivo a la semana y se veía obligada a dormir en un cuarto de la limpieza en la que no exitía ventilación.

Desde 2008 hasta 2015 la mujer trabajó a doble jornada diaria. De 8.00 a 15.00 en la limpieza de las habitaciones, de lunes a domingo, y luego se ocupaba del turno de noche desde las 23.00, cuando se clausuraba la recepción del establecimiento, salvo los sábados, día en el que la recepción permanecía abierta durante toda la noche. Ese era su único descanso.

La empleada vivía en el hotel, concretamente en un angosto y cerrado habitáculo existente en el ático ubicado en la quinta planta del edificio, que estaba destinado a un almacén en el que se guardaba la lencería del hotel y los productos de limpieza, donde se había instalado una cama supletoria, con un pequeño lavabo, una cómoda y una armario de tela, así como una pequeña televisión. El recinto carecía de iluminación y aireación hacia el exterior.

El tribunal destacaba en su resolución que «llama la atención que esta clamorosa situación, de vulneración no sólo de las condiciones esenciales para el desarrollo de una relación laboral, sino de quebrantamiento de las mínimas exigencias para desenvolver con normalidad actividades esenciales de la vida, se prolongara durante seis años y cinco meses».

Suicidio en el taller

El pasado 30 de julio cada hogar de Azpeitia se preparaba para celebrar, dentro de las limitaciones obligadas por la pandemia, uno de sus días grandes del año, San Ignacio, patrón también de Gipuzkoa. 

Eran las 21.30 de la noche, pero Luis Enrique Soriano, un joven dominicano de 20 años, seguía en el taller de Mecanizados Manuel Aizpuru S.L., donde trabajaba desde noviembre de 2018. Según su horario laboral, tenía que haber salido a media tarde, a las 17.30.  No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. De hecho, ya había comentado a algún allegado que «no podía más». Y así fue. Luis Enrique Soriano, agotado, se quitó la vida en el taller.

Recientemente, representantes del sindicato ESK y la plataforma azpeitiarra Elkar-ekin comparecieron junto a Silvia Castillo,  madre del joven, para dar a conocer los detalles de su situación.

 Explicaron que Soriano completaba jornadas de 12 horas de lunes a sábado, e incluso algunos domingos –llegó a meter más de 100 horas extras al mes–, que no tuvo vacaciones en los dos años y medio que trabajó en ese taller, que fue obligado a acudir solo y de noche cuando se contagió de covid y que en una ocasión le descontaron 300 euros de su nómina por una pieza que salió defectuosa. 



«Tenemos el conocimiento y la certeza de que la empresa para la que trabajaba Luis Enrique incurrió en varias irregularidades en su relación laboral», y que fue esta situación la que le llevó al suicidio, remarcó Fátima del Castillo, abogada de ESK.



Iratxe Esnaola, portavoz del sindicato, destacó que este  no es un caso aislado y que las condiciones de precariedad se agravan cuando se trata de mujeres o jóvenes y «se multiplican exponencialmente» cuando además «son personas migradas o racializadas».

26 horas seguidas a 5 euros la hora

En agosto, la Policía española detuvo a un empresario vizcaino acusado de explotar laboralmente a sus trabajadores en una nave del polígono industrial Ugaldeguren (Zamudio).

Los trabajadores contaron que, al no tener permiso de residencia, su jefe no les había formalizado contrato alguno. Relataron además que cuando sufrían algún accidente laboral y tenían que acudir a los servicios médicos, el dueño les aleccionaba para que no mencionaran ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones.

Asimismo explicaron que ocasionalmente llevaban a cabo lo que su jefe denominaba un «maratón», consistente en trabajar desde las siete de la mañana de un día hasta las nueve de la mañana del siguiente, teniendo solo una hora libre para comer mientras permanecían toda la noche encerrados en las instalaciones de la empresa.

Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbo y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia investigaron la empresa, identificando en su interior a un total de ocho trabajadores. De ellos, cuatro estaban sin permiso de residencia ni contrato de trabajo.

Aborto o despido

Llegamos al último caso, el mencionado en el párrafo inicial. El caso ha ido trascendiendo en los últimos meses, pero fue la semana pasada cuando ‘Eldiario.es’ tuvo acceso a información exhaustiva sobre la investigación. En ella se apunta a la explotación laboral de un total de 25 personas, en su mayoría de origen extranjero y que no tenían regularizada su situación.

Según la investigación policial, estas personas no solo estaban sin contrato y cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sino que se les emplazaba a esconderse en un congelador cuando llegaba la inspección o a acudir a trabajar con covid.

Dentro de los testimonios recabados, el detalle que más sobresale es la afirmación de una trabajadora de que fue despedida por quedarse embarazada y negarse a abortar. Esta empleada, natural de Nicaragua y de 27 años, afirma que fue conminada a interrumpir el embarazo, ofreciéndole incluso costear los gastos, que ascenderían a 400 euros. Y que, al negarse a ello, resultó despedida. El empresario, propietario de la marca La Gilda del Norte, sostiene que está siendo víctima de denuncias falsas.

En el momento actual, el caso ha pasado a manos del juzgado de instrucción número 1 de Bilbo. La Gilda del Norte es una empresa dedicada a producir y comercializar este conocido producto que combina guindilla, anchoa y aceituna, ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y tienen instalaciones en Basauri y Lezama, además de tres locales de venta en la capital vizcaina.