A los costes de personal de la Administración Pública los denominan Capítulo 1. Es el primero por ser el más importante, el más cuantioso de todos los gastos que se suman, con la salvedad de las transferencias corrientes. A pagar sueldos se destinaron 1.500 millones de euros de los 4.700 que se gastaron el año pasado en Nafarroa. Y, además, el Capítulo 1 es más que números; es más de 30.000 personas que hacen que la Administración Pública arranque todos los días. Por eso resulta preocupante que el Capítulo 1 sea cada vez más viejo. Es una de las alertas que lanza la Cámara de Comptos en su último informe anual sobre las cuentas públicas del herrialde.La otra advertencia es que el personal cada vez es más inestable y que la temporalidad alcanza cuotas nunca vistas e inaceptables.

Es justo entender que dentro de la Administración Pública exista cierta temporalidad, e incluso que pueda ser superior a la de empresas de gran tamaño. Esto es así porque el funcionariado tiene una serie de derechos laborales –a reducciones de jornada, a excedencias, etc.– que necesariamente tienen que ser compensadas con contratos temporales. Pero esto no explica, ni de lejos, la situación a la que ha llegado la Administración Pública en Nafarroa y sobre la que Comptos (el ente auditor independiente) ha puesto nuevamente la señal de alarma. «El número de vacantes ha aumentado y las necesidades estructurales y permanentes se cubren con personal temporal», sostiene Comptos.

A finales de 2020, en la Administración navarra había 32.000 trabajadores públicos, de los que 17.000 eran temporales. Esto implica que los trabajadores eventuales constituyen a día de hoy el 54% de la plantilla. Y ojo, que de lo que habla Comptos es de una fotografía. En realidad, las personas que dependen de los salarios de la Administración son bastantes más. Y es que alrededor de todas estas plazas también hay otras personas que aguardan en listas una llamada de la Administración para incorporarse por primera vez o reincorporarse.

Para hacerse una idea de qué supone la Administración para el mercado laboral, basta señalar el dato de paro de noviembre, que según el Servicio Navarro de Empleo quedó en 31.702 personas. Hay, por tanto, más personas trabajando directamente en la Administración que en las listas del paro. Y eso sin contar a aquellas que trabajan en empresas instrumentales del Gobierno de Nafarroa, la Corporación Pública Empresarial, que cobran y computan como trabajadores externos.

El deterioro en la estabilidad del empleo público terminó de desbocarse hace no tanto tiempo. En 2015, la temporalidad estaba en el 38% y en solo cinco años se ha incrementado en un 50% más, con la particularidad de que también ha crecido el número de empleados de la Administración, pues en 2015 el total de trabajadores públicos no llegaba a los 27.000.

«El índice de temporalidad es creciente en todos los ámbitos de la ACFN [Administración de la Comunidad Foral de Navarra], si bien es menor en la Administración Núcleo con un 32% en 2020 frente al valor significativamente alto del SNS-O que alcanza el 64%», recoge el informe de los oidores.

Comptos califica como «excesivo y preocupante» que se haya llegado a tal precarización del sector. Asimismo, matiza que en el Departamento de Salud –que de partida era ya donde más temporalidad había– agravó su situación también a causa de las necesidades derivadas de la atención y captación de enfermos covid. El año pasado Osasunbidea tenía un 60%, que a causa de la pandemia aumentó en otros cuatro puntos.

No es solo que el Servicio Navarro de Salud aumente la tasa de trabajadores temporales, sino que cada vez tiene menor cantidad de personal fijo. Así, en el año 2018 había 5.306 sanitarios con plaza fija y, en 2020, este número había bajado hasta los 4.930. El deterioro de los puestos de trabajo en la Sanidad navarra no es, pues, fruto de la epidemia, sino un problema estructural.

La incapacidad de la Administración navarra de cubrir las plazas de funcionario que genera es lo que causa el progresivo envejecimiento de la plantilla.

Solo un 2% de sus empleadas y empleados tiene menos de 30 años (son 256), frente a un 31% (4.534) que está por encima de los 55 años.

En total, un 86% de la plantilla tiene más de 40 años, lo que en un entorno laboral muy dependiente del uso de la informática también marca un cariz muy concreto.

En cuanto al envejecimiento progresivo de los trabajadores y trabajadoras públicas, viene determinado en gran medida por quienes están por encima de los 55 años. Así, en la comparativa con 2018, el grupo de funcionarios que superaban los 55 años estaba en el 26% y, en solo dos años, ha alcanzado el 31%. Esto tiene que ver también con criterios de preferencia en las listas temporales.