El exministro francés Claude Guéant, antigua mano derecha de Nicolas Sarkozy, ha sido encarcelado este lunes en París por el llamado caso de las «primas de gabinete», en el que fue condenado en 2017 a un año de prisión firme y a otro exento de cumplimiento.

El político, de 76 años, ha ingresado en la cárcel parisina de La Santé por impago de sus deudas al Estado tras su condena.

El Tribunal de Apelación de París le había impuesto en 2017, al igual que en primera instancia, una multa de 75.000 euros y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.

A principios de noviembre, la sala de aplicación de penas de ese mismo tribunal le había revocado una parte de la condena que, en la práctica, le eximía de cumplir la pena en prisión.

En aplicación de esa revocación, que según los medios se debe al impago de la deuda y de los daños e intereses que se le adjudicaron, la Fiscalía General de París ha señalado en un comunicado que Guéant se ha presentado este lunes ante el servicio de ejecución de las penas y que posteriormente ha sido encarcelado.

El exministro había sido juzgado por complicidad en malversación de fondos públicos y receptación por los 210.000 euros que recibió cuando entre 2002 y 2004 era director de gabinete de Sarkozy, quien en ese periodo era titular de Interior.

Fondos reservados

Se trataba de dinero de los llamados Gastos de Investigación y de Vigilancia, un fondo en efectivo destinado teóricamente a financiar algunas pesquisas para poder mantenerlas confidenciales, pero que en realidad servía la mayoría de las veces para abonar primas excepcionales a personal del Ministerio.

Según la acusación, Guéant se aprovechó del conocimiento que tenía de esos fondos ya que había estado al frente de la dirección general de la Policía.

El ex número dos de Sarkozy, que en la última parte de la presidencia de este llegó a ser ministro de Interior (entre 2011 y 2012), se embolsó unos 10.000 euros al mes entre 2002 y 2004.

Guéant también está implicado actualmente en otro juicio contra varios colaboradores del expresidente conservador por presuntos delitos de corrupción. El tribunal dirime en este caso la atribución sin licitación de centenares de encuestas de opinión.