La Fiscalía de Ginebra ha archivado la investigación iniciada en torno a una donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí al rey emérito español Juan Carlos de Borbón, según ha informado en un comunicado la propia institución.

En el auto, el Ministerio Público ordena la «clasificación parcial» del procedimiento abierto en 2018 dado que la investigación «no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad» entre La Meca y Medina.

Con todo, la Fiscalía sí reconoce un «deseo de encubrimiento» en torno a esta donación, por el uso de una fundación y de empresas intermediarias, o la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias.

También encuentra esa intención de encubrimiento en las «supuestas donaciones sucesivas», primero desde el rey de Arabia Saudí a Juan Carlos de Borbón y luego desde este último a favor de su antigua amante Corinna Larsen. 

El monarca emérito está huido en Emiratos Árabes desde agosto de 2020 por sus diversos escándalos financieros. En el Estado español también está siendo investigado por las millonarias comisiones del AVE.

La Fiscalía ginebrina abrió una investigación por presunto blanqueo de dinero el 6 de agosto de 2018, a raíz de la publicación en la prensa de artículos en los que se indicaba que Juan Carlos de Borbón podría haber ocultado en cuentas bancarias de Suiza dinero recibido en comisiones ilegales.

Transferencias «no suficientemente documentadas»

La instrucción confirmó que había recibido el 8 de agosto de 2008 un total de 100 millones de dólares en una cuenta a nombre de la Fundación Lucum, abierta por el grupo bancario Mirabaud, con sede en Ginebra. En las investigaciones también se identificaron otros tres pagos a Corinna Larsen por un monto total de casi 9 millones de dólares, procedentes de Kuwait y Baréin.

«Todas estas transferencias no fueron suficientemente documentadas por los acusados», relata el auto de la Fiscalía, indicando a continuación que la cuenta de la fundación Lucum se cerró en junio de 2012 y su saldo de 65 millones de euros se transfirió a una cuenta de una sociedad gestionada por Larsen en las Bahamas.

Aunque la Fiscalía desestima con el auto el presunto blanqueo, sí interpreta que Mirabaud violó su obligación de dar determinados datos, en particular los de la cuenta personal de Corinna Larsen a la Oficina de Comunicación de Blanqueo de Capitales.

Debido a ello, el Ministerio Público multó al grupo bancario con 50.000 francos suizos (47.000 euros) y le condenó a pagar otros 150.000 francos (143.000 euros) en costas procesales.