La Fiscalía de Brasil ha anunciado este martes que ha presentado una denuncia contra un antiguo comandante militar y un médico por su implicación en las torturas que provocaron la muerte de un militante comunista en 1975, durante la dictadura militar (1964-1985).

El caso se refiere al homicidio de José Maximino de Andrade, en la época miembro del Partido Comunista Brasileña (PCB), que falleció a los 62 años por un «infarto de miocardio»,  provocado  por las torturas a las que fue sometido, según el Ministerio Público de Sao Paulo.

De Andrade fue «retirado de su casa», en la ciudad de Campinas, a unos 100 kilómetros de Sao Paulo, adonde fue llevado por agentes de la represión sin que sobre él pesase una orden de prisión, según la institución.

Allí fue interrogado y torturado bajo las órdenes de Audir Santos Maciel, entonces comandante del Departamento de Operaciones de Informaciones (DOI), un organismo considerado como uno de los más activos centros de persecución política, tortura y muerte durante el régimen militar.

l médico Harry Shibata era responsable por «evaluar el estado de salud de los presos y dar aval para que continuaran las torturas», señala la Fiscalía.

En este contexto, la investigación le acusa de ser la persona que, al percibir que De Andrade no sobreviviría por mucho tiempo, mandó que le retiraran del local y fuera abandonado delante de su casa, el 18 de agosto de 1975.

Ese mismo día, su estado de salud empeoró, fue hospitalizado y falleció «en razón de los malos tratos infligidos», según la Fiscalía, que señala además que a su entierro acudió un sargento del Ejército para obtener informaciones sobre otros integrantes del PCB.

El PCB fue un objetivo de los gerifaltes de la dictadura brasileña y sus integrantes fueron perseguidos en el marco de la «Operación Radar».

Esa operación, que en Sao Paulo era comandada por Santos Maciel, se desarrolló en Brasil entre 1973 y 1976 y provocó la muerte de 11 miembros del Comité Central del PCB y la prisión de 679 afiliados, según datos oficiales.

Santos Maciel y Shibata han sido denunciados ahora por «homicidio doblemente cualificado», al ser realizado por motivos de persecución política, con uso de tortura.

La Fiscalía ha solicitado a la Justicia que los acusados también pierdan sus cargos públicos y se les cancelen sus pensiones.
Para el fiscal Andrey Borges, autor de la querella, los hechos descritos suponen crímenes contra la humanidad y, por tanto,«son imprescriptibles e impasibles de amnistía».

La última dictadura brasileña dejó 434 muertos y desaparecidos por motivos políticos y miles de casos de tortura, según un informe elaborado por una Comisión de la Verdad que fue presentado en 2014 tras investigar las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen militar.