La formación Izquierda Castellana (IzCa) ha sorteado este martes la ilegalización como partido político desde que el Ministerio de Interior comenzó un proceso para provocar su disolución por cuestiones administrativas. Tras el cambio de sus estatutos, la Audiencia Nacional española ha decidido posponer su resolución y dar diez días más para examinar la nueva situación y pruebas aportadas por la defensa.

Con una convocatoria frente al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (en el madrileño barrio de Goya), decenas de militantes de IzCa se han concentrado y han recibido la solidaridad en persona de otros representantes políticos, como los diputados Bel Pozueta (EH Bildu), Miriam Nogueras y Josep Pagès (JxCat), Néstor Rego (BNG), Albert Botran (CUP) y miembros de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). También ha habido una representación de IU-Madrid.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado, el portavoz nacional de IzCa, Luis Ocampo, ha dicho a NAIZ estar contento por esta «victoria parcial» y que lo ocurrido es una muestra más de la «incapacidad e ineficacia» de la judicatura española. Además, ha denunciado la «negligencia» que supone que la Abogacía del Estado no tuviera un letrado preparado ya que quien había sido su representante se había jubilado.   

La Audiencia Nacional ha dado diez días hábiles más para que todas las partes se pronuncien sobre las pruebas presentadas por IzCa y todo parece indicar que antes de fin de año se archivará la causa porque «los motivos que argumentaban para la ilegalización han desaparecido». Por si fuera poco, el Registro de Partidos Políticos, dependiente del ministro Fernando Grande-Marlaska, «ya ha sellado los nuevos estatutos presentados» por IzCa y los ha admitido como válidos.

«Nos alegramos mucho y todos los apoyos son bien recibidos», ha afirmado Ocampo en referencia a la presencia de los diputados soberanistas.

Una ilegalización en base a tecnicismos

Meses atrás, el Ministerio de Interior comenzó un procedimiento de «extinción e ilegalización por cuestiones administrativas que se habían hecho mal», explica Ocampo. Es que a partir de la reforma a la ley de partidos de 2015 durante el gobierno de Mariano Rajoy, se obligaba a algunas formaciones a actualizar sus estatutos, pero tenía que informarse a cuáles.   

«A nosotros nunca nos llegó la notificación, la enviaron a otra dirección. Es curioso porque la dirección correcta la tenían porque es a donde nos enviaron el aviso de ilegalización. No sabemos si esto fue casual. Pero una vez que conocimos los cambios que debíamos hacer, los hicimos. Eran solo aspectos técnicos», señala.   

Ocampo cree que los partidos que sostienen al régimen quieren que IzCa desaparezca, y opina que es un ejemplo más del «problema de capacidad intelectual colectiva del Estado y de la oposición».   

Además, apunta contra el ministro de Interior: «Marlaska es un ministro que sigue la tradición habitual en este régimen del posfranquismo que tiene como hábito la represión y el autoritarismo. A nosotros nos han prohibido un montón de movilizaciones desde la Delegación del Gobierno. Todo el mundo recuerda cómo Marlaska hacía la vista gorda ante la comunicación de torturas de los que iban a declarar. Es un chico de barrio de Bilbao que se convirtió en uno que supo cumplir muy bien las normas que el Régimen del 78 exige a sus servidores».   

Ocampo recuerda que en el procedimiento abierto para ilegalizar Izquierda Castellana «la Fiscalía está de acuerdo con lo pedido con Interior» y que en los argumentos «no hay nada que tenga que ver con violencia, que sí hubo un intento hace unos años por ese motivo pero la causa fue luego archivada».    

En ese sentido, tratándose de cuestiones administrativas con un partido político que cumplirá veinte años de existencia el año que viene, considera que «sería muy nefasto para el Gobierno de progreso entre comillas que se ilegalizara» por un tecnicismo, lo que tendría «especial relevancia en el 500 aniversario de la revolución comunera».   

IzCa es el único partido castellanista soberanista de izquierda, a favor de la autodeterminación. Está presente en 17 provincias –ellos aclaran que en todas las castellanas «incluidas Logroño y Santander» además de las de las actuales comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha– y no cuenta con cargos electos, ni siquiera concejales, aunque fue parte de la alianza de confluencia con las marcas electorales de Ahora Podemos (2015) y Unidos Podemos (2016), aunque se desmarcaron para la etapa posterior de Unidas Podemos.   

Según Ocampo, el partido no tiene interés en ser parte de elecciones y su «línea de acción es toda en relación a los movimientos sociales y la autoorganización». Por ahora, habrá que esperar hasta los últimos días del año para saber si la causa es archivada y la desaparición de IzCa deja de ser una posibilidad.