Stop Desahucios se ha concentrado este mediodía en Donostia para alertar del posible desahucio de una familia formada por una mujer y sus tres hijos menores, que residen en una vivienda actualmente propiedad del fondo Azora. Su expulsión está prevista para el próximo 3 de marzo.
 
El caso de la mujer, de nombre Alejandra, arranca cuando la empresa de limpiezas en la que trabaja, «con ingresos entre 800 y 1.100 euros», entra en ERTE debido al covid, situación que se ha mantenido hasta agosto de 2021.

La mujer tarda en empezar a cobrar y además, según han explicado, sufre «una situación familiar muy grave», con lo que comienzan los problemas para abonar la renta, hasta que el «fondo buitre» presentó el mes pasado la demanda de desahucio. 

Stop Desahucios ha reclamado que se aplique en este caso «un código como el de buenas prácticas bancarias o ‘decreto Guindos’, que desde el 6 de marzo de 2012 impide desahuciar a los hipotecados en situación de vulnerabilidad de sus viviendas habituales».

Además, han advertido de otros seis posibles desahucios por parte de Azora, en este caso de inquilinos cuyos contratos han vencido entre agosto y noviembre y que no pueden afrontar «la impagable subida sobre las rentas actuales, que oscilan entre 750 y 900 euros».

Stop Desahucios denuncia que el objetivo del fondo es «vaciar» estas viviendas, que compró en enero de 2020 a Inmobiliaria Vascongada, para «convertirlas en pisos turísticos».