El pasado 30 de noviembre, Arnaldo Otegi planteó una serie de reflexiones políticas de mirada larga en un artículo en el diario “Público”. Tienen mucho interés precisamente por venir del líder de la izquierda abertzale. La evolución en el análisis de Otegi, desde su discurso en el velódromo de Anoeta en 2016 hasta el que hacía el diario de izquierdas estatal, merece algunos comentarios.

Para Otegi «la vieja disyuntiva entre ruptura o reforma, entre democratización o Régimen del 78, ha mutado en parte y necesita ser matizada». Hoy –dice– «el Estado se inclina peligrosamente hacia la posibilidad real de que las derechas autoritarias pongan en marcha una dinámica creciente de mayores desdemocratizaciones en el régimen jurídico-político» y reconoce también que «hay en el horizonte una posibilidad real de instalar una democracia a la turca, la húngara o la polaca en el Estado español».

Para Otegi es una paradoja que la única alternativa viable a ese proceso de involución (el Gobierno de coalición sostenido por el bloque de la investidura) dependa de fuerzas independentistas. A mi juicio, más que una paradoja, es la constatación de que, una vez superado el bipartidismo, hay una nueva correlación de fuerzas que ha dado protagonismo a actores políticos históricamente excluidos del Estado. Ahí está UP que fue la primera izquierda de ámbito estatal en hablar abiertamente de plurinacionalidad y ahí están también otras fuerzas, independentistas y no independentistas, de ámbitos territoriales diferentes. Esto viene siendo así desde las elecciones de 2015. Que Ciudadanos acabe diluido en el PP y que Vox sea un partido lleno de jueces, policías y militares reaccionarios es la mejor prueba de lo que decimos. Lo que está en juego, como bien ve Otegi, es el Estado.

Otegi asume un compromiso muy importante: la disposición de la izquierda abertzale para «hacer frente en términos estratégicos a las derechas autoritarias». Ello «exige un bloque histórico plurinacional, democrático y de izquierda que levante y desarrolle un programa político, económico, social y territorial que haga imposible su reversión».

Lógicamente Otegi plantea el reconocimiento del derecho de autodeterminación como elemento necesario para la democratización del Estado pero, como cualquier independentista sabe, de producirse una democratización del Estado que reconociera su carácter plurinacional y se dotara de estructuras realmente federales o confederales, las posibilidades de que una mayoría de vascos optara libremente por la independencia serían menores.

Lo que está diciendo Otegi no es menor. Frente al independentismo que ha parecido desear la involución de España y su caída en un agujero negro de españolismo reaccionario como vía más eficaz para que la opción de la independencia acabe siendo la posición de cualquier demócrata vasco (cuando peor, mejor), Otegi hoy tiende la mano para construir con fuerzas no independentistas un modelo de Estado más democrático. No es poca cosa.

Podría haber quien trate de argüir que Otegi exige la autodeterminación. Pues claro que la exige; pensar que un independentista puede renunciar al derecho a decidir como objetivo político es absurdo. Habría quien podría también argüir que el ejercicio del derecho de autodeterminación es incompatible con la legalidad vigente y tendría razón. Pero los objetivos políticos democráticos, por muy incompatibles que sean con el Derecho, son perfectamente legítimos y legales. Ser independentista es legítimo y legal. Es más, se puede ser favorable al derecho a decidir y no ser independentista como es mi caso. Por otra parte, al fin y al cabo, todo el mundo sabe que el Derecho es la expresión de correlaciones de fuerzas concretas en un momento histórico concreto y que el futuro no se puede prever.

Pero a lo que vamos. Otegi ha planteado (de una manera mucho más inequívoca que los independentistas catalanes) que la izquierda abertzale está dispuesta a debatir y negociar una estrategia de Estado con otras fuerzas políticas con las que tiene diferencias, empezando por el modelo territorial y el derecho a decidir que nunca asumirá el PSOE. Lo que ocurre es que la política (esto lo digo yo) se hace con los que piensan diferente y la amenaza de que el reaccionarismo ultranacionalista de Vox y PP termine de asaltar el Estado llegando al Consejo de Ministros bien merece que las fuerzas políticas que hicieron posible un Gobierno de coalición (que el PSOE nunca quiso y que preferiría, legítimamente, no repetir) se pongan a pensar en algo más que acuerdos de investidura y presupuestos.

La clave no es sólo que fuerzas políticas como UP, ERC y EH Bildu se entiendan (ese entendimiento ya es una realidad en muchos aspectos que tienen que ver con la justicia social y las libertades civiles) sino que sean capaces de asumir, desde sus diferencias, unas líneas estratégicas comunes para invitar al resto de fuerzas del bloque a emprender un camino de reforma democrática del Estado. Correspondería hoy, por peso, al PSOE el liderazgo de ese proceso pero, con todo su derecho, el PSOE no quiere entrar ahí y desearía una correlación diferente y unos socios diferentes.

Lo que pasa es que hacer política es también mover hacia una dirección favorable las contradicciones del adversario e incluso convertirlo en aliado si se queda sin otras alternativas. Así llegamos nosotros al Gobierno y sospecho que la necesaria democratización del Estado solo podrá llegar de la misma forma, asumiendo que, finalmente, su resultado no será la imposición de los objetivos legítimos de un solo actor, sino la resultante del peso de cada uno. Así funciona la política. Y menos mal, porque cuando funciona nadie tiene que matar ni morir por sus ideas o sus intereses. Eso es lo que quieren suprimir los ultras que trabajan para completar su asalto al Estado.