La Comisión Electoral Suprema de Libia propuso el pasado miércoles posponer un mes las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el pasado viernes 24 de diciembre aduciendo que el conflicto entre el poder político y el poder judicial sobre la designación de candidatos «hace imposible que la consulta se pueda celebrar la consulta en la fecha fijada.

Todo ello en medio de una creciente tensión que amenaza el acuerdo de alto el fuego negociado hace más de un año por Rusia y Turquía, principales potencias sobre el terreno, y que había entreabierto la puerta a un nuevo proceso de paz y reconciliación impulsado por la ONU.

Se trata de un fracaso mayúsculo de la ONU y de su objetivo de sacar al país norteafricano de la grave crisis en la que está sumergido desde la «primavera árabe» que acabó en el linchamiento y ejecución del líder libio Muamar al Gadafi en 2011.

Ley electoral contestada, candidaturas controvertidas, tensiones sobre el terreno… es la crónica de un retraso anunciado.

La principal polémica giró en torno a la eliminación de las candidaturas del mariscal Jalifa Haftar, quien desató la última guerra interna al lanzarse al asalto sobre Trípoli, de Saif al Islam, hijo de Gadafi y señalado como su sucesor, y del primer ministro interino, Abdelhamid Debaibah, un multimillonario de Misrata que hizo fortuna como director de la oficina estatal de construcción durante el régimen gadafista.

A pesar de que La Comisión Electoral Suprema descartó sus candidaturas, los tres apelaron y fueron restituidos como candidatos por distintos tribunales, que consideraron que Saif al Islam y Haftar eran elegibles pese a haber sido condenados por crímenes de lesa humanidad, y que Al Debaibah podía concurrir pese a que no había dejado su puesto con tres meses de antelación y a que había prometido no presentarse cuando fue designado.

En el caso de Saif al Islam, la restitución de su candidatura llegó en medio de amenazas armadas por parte de milicias ligadas a Haftar contra el tribunal que aceptó su recurso.

Pero la polémica sobre las candidaturas no es sino la expresión de un desacuerdo más profundo, y que tiene que ver con la partición del país entre el oeste (Tripolitania), donde tiene su sede en Trípoli el Consejo Superior de Estado, una suerte de Senado, y el oeste (Cirenaica), que alberga al Parlamento, en Tobruk, y donde el mariscal ex-gadafista Haftar es el hombre fuerte.

El Parlamento de Tobruk, liderado por su presidente, Aguilah Saleh, aprobó en setiembre sin votación alguna una ley electoral a la medida de Haftar y que permitía al mariscal volver al cargo de jefe del «Ejército Libio» en caso de que perdiera las elecciones.

Pese a que Trípoli montó en cólera, la ley electoral fue bendecida por el enviado especial de la ONU, Jan Kubis, por presiones del Estado francés y de Egipto, valedores de Haftar.

Sin capacidad de maniobra alguna, el enviado de la ONU tiraba la toalla y renunciaba al cargo hace un mes.

Pero más allá del fiasco de su gestión, el problema es que la ONU no tiene prácticamente ningún ascendiente más allá de Trípoli.

Son Turquía y Rusia, que apoyan respectivamente a los gobiernos del oeste y del este, los amos que mueven los hilos, políticos y militares, en el caos libio. Así, y pese a que el alto el fuego firmado en 2020 estipulaba la retirada del país de los mercenarios de ambos bandos en un plazo de tres meses, estos, concretamente la Wagner rusa y oficiales turco al mando de milicias sirias, siguen en Libia.