BBVA ha solicitado al juez que indaga en los presuntos encargos que la entidad financiera hizo al comisario José Manuel Villarejo que deje expirar estas pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, al considerar que están «agotadas» después de más de tres años de «profusa investigación», oponiéndose así a una nueva prórroga de las mismas.

Así consta en un escrito del miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, donde BBVA responde al requerimiento del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que el pasado lunes pidió al Ministerio Fiscal y a las demás partes que se pronunciaran sobre la conveniencia de extender la pieza separada número 9 más allá de su actual fecha límite.

Es la pieza separada que pone el foco en los servicios contratados por BBVA a CENYT –el grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, por los que el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

El banco cree que «la presente instrucción se encuentra agotada», por lo que «no resulta ni necesaria ni pertinente la prórroga del plazo», después de tres años de lo que califica como una «profusa investigación».

Destaca que la actividad de la sede judicial en este tiempo ha sido «incesante», con más de 50 declaraciones y cuantiosa documentación –detalla que solo BBVA ha recibido más de 100 requerimientos de información y ha formulado más de 100 escritos–, todo lo cual ha cristalizado en «26 tomos de actuaciones y muchos gigabytes de documentación anexa».

A su entender, «no hay nada más por investigar», argumentando que las diligencias que se han efectuado desde la última prórroga acordada, el pasado 29 de julio, «han resultado inútiles» porque «no han aportado ningún dato nuevo».

«El mejor ejemplo de ello lo encontramos en la última diligencia practicada», dice en referencia al registro efectuado el 22 de diciembre en casa del ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, donde solo se intervino un documento que fue aportado por el propio banco «hace más de dos años».

Añade que «no existen tampoco diligencias pendientes de ser acordadas y practicadas que puedan justificar una nueva prórroga» y que la petición de varios investigados de prestar declaración podría decidirse ahora, aunque se lleve a cabo después del 29 de enero, dado que la ley lo permite.

Petición de declaraciones

Además, esta última semana ha crecido el número de investigados que quieren declarar, según diversos escritos consultados por esta agencia de noticias. Entre ellos, el exdirector de Finanzas de la entidad Javier Malagón, quien ha pedido al juez que fije fecha para su interrogatorio, una vez que «ha podido instruirse en la causa». Hace dos años y medio, se acogió a su derecho a no declarar tras ser citado como imputado.

Asimismo, Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos contenciosos del BBVA y exmagistrado de la Audiencia Nacional, ha solicitado comparecer después de «tomar conocimiento» de las actuaciones, gracias al levantamiento del secreto de sumario. En su caso, también fue citado antes, en noviembre de 2019, pero optó igualmente por guardar silencio, «teniendo en cuenta que no conocía los hechos concretos que se le imputaban».

A la lista se suma el exconsejero de la filial turca de BBVA Ricardo Gómez Barredo, quien ha propuesto al instructor que le tome declaración, una diligencia que considera «esencial» para su defensa. Gómez Barredo decidió asimismo no hablar cuando fue citado como investigado en julio de 2019.

Los mismos argumentos ha presentado José Manuel García Crespo, el que fuera director de los servicios jurídicos del Banco en España y Portugal entre 2006 y 2013, para ofrecerse a declarar. El excargo del BBVA también figura como imputado en la causa y fue citado a comparecer en enero de 2020, aunque en aquel momento no respondió al interrogatorio por encontrarse las actuaciones bajo secreto.

Denuncia contra Ausbanc

Por otro lado, el que fuera adjunto a la presidencia de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Angel María Garay ha instado al instructor en otro escrito a interrogar como imputado a Santiago Sánchez Aparicio, comisario general de Policía Judicial al que acusa de haberse reunido con Corrochano para actuar contra Ausbanc fuera de los cauces legales. Cabe recordar que el BBVA pagó a Villarejo por espiar a esta asociación.

Por su parte, el que fuera presidente de la constructora Sacyr-Vallehermoso Luis del Rivero ha propuesto al juez de 'Tándem' que se celebre la testifical de un director de zona del banco y de la directora de una sucursal.

El empresario ha realizado la petición «a la vista de la documentación obrante en la causa y de la declaración prestada por César Béjar –‘uno de los asesores de la entidad'–», según otro escrito de 20 de diciembre.

Del Rivero ha precisado que Béjar, en un informe interno redactado en 2011, señaló que se concertó una entrevista con Villarejo, como presidente del Grupo Cenyt, a la que acudieron por parte del banco el director de zona y la directora de sucursal que ahora reclama escuchar.

A su juicio, ambos «pueden narrar de primera mano qué fue lo que tanto Corrochano como Villarejo manifestaron respecto de qué 'labores de asesoramiento' estaba prestando el Grupo Cenyt para BBVA en 2007».

Según ha destacado, dispone de «documentos de extraordinaria importancia» que obran en la pieza principal del 'caso Tándem' y que considera que deben incorporarse al procedimiento relativo al banco.