![El periodista palestino Moammar Nakhleh enseña la foto de su hijo Amal, de 17 años.](/media/asset_publics/resources/000/863/633/article_main_landscape/palestino.jpg)
En vísperas de una audiencia clave para el caso del adolescente palestino Amal Nakhleh, su padre, Moammar Nakhleh, teme que el juez vuelva a dictar la renovación de la ‘detención administrativa’ de su hijo, una controvertida medida que permite a Israel encarcelar a los sospechosos durante un período de seis meses, renovable indefinidamente sin cargos.
«Desde su arresto el año pasado, solo lo he visto dos veces. La última vez ha sido esta semana, en la cárcel, detrás del cristal y no pude tocarlo», explica este periodista de 50 años que vive con su familia en el campo de refugiados de Jalazoun, en la Cisjordania ocupada.
«Me ha dicho que quería iniciar una huelga de hambre pero me da mucho miedo porque está muy débil», explica Moammar Nakhleh sobre su hijo, quien sufre miastenia grave, una enfermedad neuromuscular autoinmune. A mediados de 2020 le operaron para extirparle un tumor canceroso de su caja torácica.
El martes pasado, el preso palestino Hicham Abu Hawash, también en situación de detención administrativa desde hace más de un año, puso fin a la huelga de hambre que mantenía desde hacía 141 días. Un caso emblemático que llevó al diario israelí ‘Haaretz’ a pedir que se pusiera fin a su encarcelación: «Si el Estado tenía pruebas contra Abu Hawash, debería de haberlo acusado ya. De lo contrario, tendría que ser puesto en libertad de inmediato», afirmó el diario en un editorial.
Y se añadía: «Es hora de que Israel abandone la práctica antidemocrática (...) de la detención administrativa ilimitada sin pruebas o acusación que refutar».
Esta práctica también ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, que acusan a Israel de abusar de ella. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí la defiende, y apela a la situación de «seguridad compleja y volátil en Cisjordania» para justificar que se emitan «órdenes de detención dirigidas a quienes planean, organizan, facilitan o contribuyen activamente a que tales ataques sean cometidos».
«El uso de las detenciones administrativas, que permiten que una persona sea privada de su libertad solo por un tiempo limitado, es una medida efectiva y legítima contra estos continuos ataques terroristas», añade el ministerio.
Más de 450 palestinos se encuentran actualmente recluidos en cárceles israelíes en virtud de las denominadas ‘detenciones administrativas’. Según la ONG israelí HaMoked, entre ellos se encuentran seis adolescentes.
¿Dónde están las pruebas?
Los detenidos lo han sido sin cargos, juicio ni acceso a las pruebas reunidas en su contra por los servicios de seguridad israelíes. Y Amal Nakhleh se encuentra en esta situación.
Este adolescente fue arrestado por primera vez por las autoridades israelíes en la Cisjordania ocupada en noviembre de 2020. Estaba ya recuperado de su operación de cáncer y se encontraba en compañía de sus amigos cuando fue arrestado bajo la acusación de arrojar piedras a los soldados israelíes, lo que su familia niega.
Al cabo de cuarenta días de detención, un juez israelí ordenó su liberación.
«Pero durante la vista, el representante de las fuerzas de seguridad dijo: ‘Tenemos un expediente de seguridad en su contra, vamos a solicitar su detención administrativa’. El juez preguntó: ‘¿Dónde está este expediente?, quiero verlo’», relata Moammar Nakhleh.
Como no presentaron el dossier, Amal Nakhleh quedó en libertad. Pero semanas después, una madrugada de enero de 2021, los soldados tocaron a la puerta del apartamento familiar para arrestarlo y ponerlo en detención administrativa.
Consultado por AFP, el servicio de seguridad israelí Shin Beth no se ha querido pronunciar, aunque ya había indicado a la prensa que Amal era «sospechoso de haber participado en actividades terroristas».
El caso de Amal ha sido elevado a las autoridades israelíes por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa). «Hemos escrito muchas veces (a las autoridades israelíes), pero no hemos recibido información alguna sobre las razones de su arresto», explica a AFP Gwyn Lewis, directora de la Unrwa en Cisjordania.
«Exigimos su liberación inmediata, porque su estado de salud es terriblemente grave y es menor de edad ha añadido.
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