El 31 de diciembre fue una jornada laboral muy larga en la Comisión Europea. Estaban preparando una sorpresa mayúscula. A última hora, cuando todo el mundo pensaba en el cambio de año, la Comisión remitió a todos los Estados miembro una primera versión de un documento en el que propone considerar el gas natural y la energía nuclear como «energías de transición». Esto es, el Ejecutivo comunitario plantea reconocer que tanto la energía nuclear como el gas no son energías limpias, pero considera que pueden desempeñar un importante papel en la transición hacia la descarbonización total de la economía. Según la Comisión, ambas son fuentes de bajas emisiones, algo que organizaciones ecologistas desmienten rotundamente.

Sin embargo, el debate no va por ahí. El documento se titula “Taxonomía de actividades económicas sostenibles de la Unión Europea (UE)” y su objetivo es –como recoge la Comisión en su comunicación– que se «convierta en una normativa transversal para todas las regulaciones europeas actuales y futuras de finanzas sostenibles». Resulta que el debate no es medioambiental, sino financiero, esto es, hacia dónde se deben dirigir las inversiones privadas y públicas y qué criterios se establecen para que esas inversiones puedan considerarse sostenibles. En teoría el objetivo es fomentar la inversión en sectores que contribuyan a «mitigar los efectos del cambio climático, la protección de la biodiversidad o la transición hacia una economía circular», pero toda la atención de la Unión Europea parece estar centrada en cómo atraer inversiones privadas.

Aunque resulta sorprendente que la Comisión incluya la energía nuclear como energía de transición, no ha sido el primer pronunciamiento en este sentido. En 2018, un cónclave de ministros de energía de 26 países en el que participa la Comisión –llamado reunión Ministerial de Energía Limpia (CEM, por sus siglas en inglés)–, incluyó por primera vez la energía nuclear como fuente de energía limpia para impulsar el «crecimiento económico y la gestión ambiental efectiva», es decir, lo clasificó como una oportunidad para hacer negocios. Creado en 2009 para promover «el avance de tecnologías de energía limpia», este foro busca llevar el debate medioambiental de lo político a lo tecnológico, para hablar de que las tecnologías usadas no son suficientemente limpias, y no para repensar un modelo de producción y consumo insostenible.

La visión de la Unión Europea

Este desplazamiento de lo medioambiental a lo tecnológico y financiero viene de lejos. En el plan de acción para financiar el desarrollo sostenible, la Comisión Europea se propuso reorientar el capital privado hacia inversiones más sostenibles. Con este objetivo nombró a finales de 2016 un grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles. El 31 de enero de 2018, ese grupo publicó su informe final, en el que básicamente decían que se tenían que financiar proyectos a largo plazo e incluir factores ambientales, sociales y de gobernanza (los famosos criterios ASG) en la toma de decisiones de inversión. De nuevo, mucha economía pero poco debate sobre la relación del medio ambiente con el modelo de producción y consumo.

Con ese impulso, el documento de nochevieja, como dijo la Comisión, «ofrece orientación y moviliza la inversión privada en actividades necesarias para lograr la neutralidad climática en los próximos 30 años». Otra vez, el fin es atraer capital privado; el medio ambiente aparece como mera excusa para promocionar las inversiones en cierto tipo de activos.

En cuanto al contenido, la Taxonomía establece las condiciones y límites de tiempo que han de cumplir los proyectos para que sean considerados de transición. En el caso de la energía nuclear, se considerarán sostenibles las centrales que puedan asegurar que no causan «ningún daño significativo» al medio ambiente, incluyendo el plan relativo a la eliminación de residuos. Un criterio tan vago que ha sido criticado esta misma semana por el Gobierno alemán. Se aplicaría a las nuevas plantas cuya construcción se haya aprobado antes de 2045. En el caso del gas, los productores deberán garantizar que el nivel de emisiones de carbono es de un máximo de 100 gramos por kilovatio en las plantas ya existentes y 270 gramos por kilovatio en las de nueva construcción, y el reconocimiento expirará en 2030. En definitiva, criterios ambiguos y una gestión generosa del tiempo para que la inversión fluya.

Tras la sorpresa de la UE, esta misma semana, en la Conferencia de Minería inaugurada el miércoles en Riad y en la que participaban ministros y representantes del sector privado, sobre todo de países árabes y asiáticos, para tratar el futuro de las inversiones en la minería, el ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman, afirmó que su país tiene «enormes cantidades» de uranio que pretende explorar comercialmente. Añadió que «aspiramos a nuestro programa nuclear (...). Arabia Saudí tiene enormes recursos de uranio que buscamos explotar de manera transparente». El lobby nuclear está aprovechando la coyuntura de precios altos de la energía para apuntalar sus expectativas y ganar nuevos espacios de influencia.

Las consultas

El 1 de enero la Comisión Europea anunció que había abierto una fase de consulta con el Grupo de Expertos de los Estados miembros en materia de Finanzas Sostenibles y con la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles acerca de su Taxonomía. Una vez más, el debate de un aspecto crucial de la transición energética no incluye a expertos en cuestiones medioambientales, sino a entendidos en finanzas sostenibles. Así, el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles (HLEG) se creó en 2016 para asesorar a la Comisión sobre cómo orientar el flujo de capital público y privado hacia inversiones sostenibles, y para identificar –ojo al dato– los riesgos que el medio ambiente puede tener en la estabilidad del sistema financiero. Lo importante es asegurar las inversiones, no que se cumplan los objetivos medioambientales. No es de extrañar que el grupo esté compuesto básicamente por representantes de banca, finanzas, bolsas de valores, fondos de pensiones, y algún representante de la sociedad civil para darle un poco de color.

En cuanto a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, creada en 2019 por diecisiete países (entre los que están Canadá, China, Suiza, Japón, Argentina…) y la UE para ayudar a los países a financiar su transición hacia una economía baja en carbono, vinculando las fuentes globales de financiamiento con las necesidades locales de financiación. Es decir, este grupo también está dedicado a movilizar capital privado hacia finanzas «ambientalmente sostenibles», concepto este último maleable y etéreo como pocos.

El procedimiento

En todos esos foros internacionales, alejados del escrutinio público, es donde realmente se diseñan las políticas energéticas. Con esos mimbres, no es difícil adivinar qué saldrá de la fase de consulta. La Comisión redactará la propuesta final con las aportaciones que reciba. El Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán de cuatro meses para examinar el documento y, si lo consideran necesario, para formular objeciones al mismo. El Consejo tendrá derecho a formular objeciones por mayoría cualificada inversa reforzada, lo que significa que para oponerse al documento se necesita al menos al 72% de los Estados miembro (es decir, al menos veinte Estados) que representen, a su vez, al menos el 65% de la población de la UE. Algo realmente complicado.

Por otra parte, el Parlamento Europeo también puede oponerse por mayoría del Pleno (se necesitan al menos 353 diputados) pero dada la actual correlación de fuerzas, muy difícil será que la Eurocámara rechace la propuesta de la Comisión.

Una vez que la Comisión ha metido la liebre en la cazuela, no parece probable que pueda saltar de ella. Y es que en la producción de electricidad de origen nuclear, los Veintisiete están divididos por la mitad: hay catorce Estados que carecen de centrales nucleares y otros trece que sí las tienen. Entre estos últimos hay dos que se han posicionado en contra de la energía nuclear: Alemania que está misma semana ha calificado la energía atómica como insostenible y económicamente insensata; y el Estado español, donde la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo calificó de «paso atrás». Con todo, serían dieciséis los países contrarios, lejos de los veinte necesarios.

Siguiendo la tradición europea, la Taxonomía parece una propuesta destinada a contentar a todos, a los del gas y a los de la energía nuclear, pero sobre todo, a las grandes corporaciones, deseosas de que los Estados multipliquen sus etiquetas verdes a fin de atraer más capital. El único que se ha salido de la ortodoxia ha sido el nuevo ministro alemán del Clima, Robert Habeck, que señaló esta semana que la única forma de alcanzar el objetivo de emisiones en 2030 es reduciendo el consumo de energía primaria un 20-25%. El único que ha llevado el debate medioambiental a su ámbito: el político.