Con gasolina y bombonas de gas se ha atrincherado una familia palestina en su casa de Jerusalén Este para intentar evitar su desalojo. «Esperamos que la Alcaldía y la Policía hagan lo correcto y razonable y se cancele el desalojo. Pero mientras no haya un compromiso por escrito, es difícil creerlo», ha declarado en un comunicado un comité de apoyo a la familia Salhiya, después de que excavadoras israelíes derribaran el vivero colindante a la vivienda.

El Ayuntamiento de Jerusalén ha expropiado los terrenos que esta familia ocupa desde los años cincuenta y sus quince miembros se han atrincherado en la casa, sin luz desde el corte de electricidad, y amenazan con «hacerla volar» si les obligan a abandonar la casa.

«Llevamos en esta casa desde los años cincuenta y luchamos contra el desalojo durante 25 años. Nos han ofrecido dinero para irnos y hemos luchado para salvar nuestro hogar», ha indicado Abdallah Ikiramhawi, uno de los miembros de la familia.

El caso de los Salhiya es una de las decenas de órdenes de expulsión que afectan a los vecinos palestinos del céntrico barrio de Sheikh Jarrah, la mayoría por demandas de judíos que reclaman la propiedad de las casas, pero en este caso son las autoridades israelíes las que han decretado la expropiación del terreno para construir una escuela.

Los Salhiya, como gran parte de los vecinos de este barrio, son refugiados palestinos desde la creación del Estado de Israel en 1948.

La Policía israelí mantiene un amplio dispositivo de seguridad e impide el acceso a la vivienda y a la calle, cerca de la que durante el día se han congregado vecinos y activistas pro-palestinos.

Las misiones diplomáticas de la Unión Europea han acudido también al barrio, que registra una alta tensión, y han pedido posponer el desalojo hasta que se celebre la vista judicial sobre este caso, prevista para el 23 de enero.

«Es imperativo desescalar la situación y buscar una resolución pacífica. Los desalojos y las demoliciones son ilegales según el derecho internacional y socavan significativamente las perspectivas de paz, además de alimentar las tensiones sobre el terreno», ha indicado la misión diplomática de la UE en Jerusalén en un comunicado.

«Aquí hay un crimen enorme contra los palestinos, como en todo el Este de Jerusalén, bajo ocupación y como en toda Cisjordania», ha manifestado Ofer Kasif, diputado de la coalición izquierdista Lista Unida en el Parlamento israelí, quien también se ha acercado al vecindario.

Las inminentes órdenes de expulsión en este emblemático barrio de Seikh Jarrah han generado una fuerte oposición local e internacional, y el pasado mayo desencadenó numerosas protestas que derivaron en la escalada bélica con las milicias armadas de Gaza.

Suma y sigue

En paralelo, las autoridades israelíes han avanzado este lunes un nuevo plan para construir 1.465 viviendas en Jerusalén que abarca parte del territorio ocupado de la ciudad, según ha informado a Efe la ONG Paz Ahora.

«Los planes se suman a la tensión sobre el terreno y resaltan la flagrante discriminación del Gobierno que está construyendo en Jerusalén Este solo para los israelíes, mientras que los cientos de miles de palestinos en la ciudad no pueden construir casi nada», sostiene la ONG.

El nuevo barrio estará ubicado entre las colonias israelíes de Givat Hamatos y Har Homa y, aunque solo la mitad del vecindario será construido en zona ocupada, para la organización israelí se trata de un «área estratégica» que impide la conexión territorial entre los barrios palestinos de Jerusalén y Belén.

Jerusalén Este, donde residen más de 300.000 palestinos y 200.000 colonos israelíes, está ocupado y anexionado por Israel, que impone sus leyes civiles en contra de la norma internacional.

El derecho internacional considera a Israel un «Estado ocupante» por lo que son ilegales todos los asentamientos establecidos en el territorio ocupado en 1967, incluido Jerusalén Este.