El TSJC ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y ha dado diez días al Govern para ejecutarla. En su resolución, que puede ser recurrida, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo español ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo.

La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias de las escuelas de Catalunya, aunque el Govern ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.

El TSJC emplaza a la Generalitat a llevar a «puro y debido efecto» la resolución sobre el castellano en las aulas y a poner en práctica «lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo».

Además, pide al Govern que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán.

La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que esta lengua sea vehicular en un 25 % de las materias para todos los alumnos, tras asegurar que su uso es «residual» y solo cumplen la ley el 2 % de escuelas.

En su fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la «inactividad» de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.

El TSJC llegó a esa conclusión a raíz de la información que el Departamento de Educación le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18 % en la educación Primaria, del 19 % en Secundaria y del 26 % en Bachillerato.

La Generalitat ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Catalunya y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.

También ha asegurado que el Departamento de Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25 % del castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona).

Aragonès: «El catalán no se toca»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido al TSJC que «el catalán no se toca» y que aplicarán normas para reafirmar el modelo de escuela catalana.

«El catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco. Basta de ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero. No permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social. Estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana. Basta de politizar la educación», ha manifestado Aragonès en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha aclarado que desde el departamento sabían que el anuncio sucedería porque forma parte del procedimiento judicial y ahora tienen un plazo de 10 días para notificar al TSJC que han recibido esta comunicación.

Cambray se ha acogido al plazo de dos meses para responder a la sentencia del TSJC. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, y directores de centros educativos del municipio después del fallo del tribunal catalán.

«Estamos delante una vez más de un proceso de querer judicializar el modelo de escuela catalana. Un modelo que ha sido de éxito de igualdad de oportunidades y de cohesión social a lo largo de décadas en este país», ha lamentado el conseller.

Al ser preguntado por si en dos meses acatarán la sentencia, Cambray ha reivindicado que desde el departamento dan «respuesta y cumplimento» a la Ley de Educación de Catalunya.

Òmnium llama a ignorar la sentencia

Desde la entidad Òmnium Cultural y su todavía presidente, Jordi Cuixart, han hecho un llamamiento a «defender el modelo de escuela catalana» y han pedido que «se ignore la sentencia». «Hace falta que se proteja al profesorado y al alumnado, y también que se garantice la cohesión social», ha apuntado Cuixart en un mensaje difundido en Twitter.

Según el presidente de Òmnium, «no se puede acatar una sentencia que ataca la escuela, la lengua y la convivencia», y ha pedido «blindar un consenso básico, ejemplo de cohesión y orgullo de país».