Como ha recordado An-Nur en una comparecencia que ha tenido lugar este lunes por la tarde en Irun, en la que también ha estado un representante de Harrera Sarea, el pasado 20 de noviembre un hombre fue hallado muerto en el río Bidasoa, donde se ahogó, como confirmó el forense.

Este hombre se llamaba Sohaïbo Billa, era de Costa de Marfil y, aunque hacía unos años que había llegado a Europa vía Italia, aún no había conseguido regularizar su situación. Tras haber vivido en Almería quería atravesar la frontera y probar suerte en el Estado francés. Este es el relato resumido que ha hecho la citada asociación cultural musulmana.

Los portavoces de An-Nur han explicado que se pudo conocer rápidamente la identidad de Sohaïbo gracias a que sus amigos en Almería y sus familiares en Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial comenzaron a buscarle tras dejar de recibir sus llamadas. «Sabiendo que su ruta pasaba por Irun y Baiona, en su búsqueda contactaron con nuestras redes asociativas –han añadido–. La concordancia de fechas y los datos que aparecieron en los medios de comunicación confirmaban que la persona fallecida era él». Además, llevaba con él un certificado de vacunación y una tarjeta sanitaria emitidos en Almería, ambos a su nombre, y un número de teléfono de un amigo. 

Vecinos de Irun se implicaron en el seguimiento del proceso de identificación en representación de la familia y a principios de diciembre la Ertzaintza ya conocía la identidad del fallecido, según ha indicado An-Nur. 

Las dudas, solo en el juzgado

Tras subrayar que «nadie, ni su familia y allegados, ni las personas de Irun que les acompañan, dudaba de la identidad de Sohaïbo», iban pasando los días sin que les llegase ninguna información oficial.

En el Juzgado número 4 de Ia ciudad guipuzcoana se presentó también la documentación enviada por la familia Billa y varios escritos exponiendo las razones por las que estaban seguros de que la persona fallecida era Sohaïbo y pidiendo a la juez que tomase en cuenta su deseo de ser enterrado en un cementerio musulmán en el Estado español. Para ello, la familia autorizó a la comunidad musulmana a llevar a cabo todas las gestiones hasta ser enterrado.

En principio, la respuesta del juzgado fue que se estaban realizando pruebas forenses y buscando las huellas dactilares en los registros de la Policía española. Tras varias semanas de espera, hace unos días el juzgado comunica que la Policía española no había podido identificar el cuerpo por las huellas dactilares. Mientras, la Ertzaintza coteja con una persona en contacto con la familia el número de teléfono que llevaba Sohaïbo con resultado positivo y manifiesta que trasladan sus conclusiones al juzgado.

Entonces, la jueza comunica a An-Nur que rechaza la identificación por no estar basada en pruebas científicas. La asociación le pide que, aunque el cadáver sea enterrado, el caso siga abierto hasta conseguir nuevas pruebas: solicitar que se busquen huellas en el fichero Eurodac, comparar el ADN del difunto con el de sus hermanos y hermanas, o pedir a su país de origen si hay un registro allí de sus huellas. Pero la jueza decide cerrar las diligencias sin identificación oficial y ordenar al Ayuntamiento de Irun que se haga cargo del cuerpo.

Negligencia y racismo

«Finalmente, tememos que se emitirá un certificado de defunción sin nombre y Sohaïbo Billa descansará anónimamente, no sabemos aún dónde», ha lamentado el colectivo musulmán junto a «todas las personas y movimientos asociativos de Euskal Herria, Francia y España» que han firmado el comunicado difundido este lunes.

«No dejaremos en el olvido a Sohaïbo Billa y trabajaremos por conservar en la memoria de este país a las víctimas del racismo europeo, porque ¡migrar no es un crimen y porque las vidas negras importan», han destacado. Y han reclamado que «sea enterrado con su nombre y bajo las costumbres de la religión musulmana que profesaba».

Tras señalar que son «conscientes de que Sohaïbo Billa murió porque el Estado francés cierra sus fronteras a las personas en función de su origen y de su raza», y de que su familia no pudo venir desde Costa de Marfil a realizar las pruebas que la jueza considera necesarias «porque según las leyes europeas su entrada en territorio Schengen es ilegal», han denunciado «la inmensa negligencia y el racismo de todo lo que rodea a estos hechos».