El de la vacunación obligatoria es un debate que viene y va sin terminar de arraigar en el sur de Euskal Herria, porque la medida nunca se ha visto necesaria. En Iparralde se vive con otra intensidad, pues El Elíseo transformó el pasaporte covid en pase vacunal, lo que implica una potentísima cercenación de derechos (no pueden acceder a la hostelería ni usar transporte público, entre otras cosas) para quienes no acceden a vacunarse. 

El debate no cala en Hegoalde por dos facetas de una misma causa. De un lado, el 91% de la población adulta se ha vacunado sin que mediara obligación alguna. Del otro, el porcentaje de población no vacunada es lo suficientemente pequeño como para que no se pongan sobre la mesa medidas tan drásticas.

Cabe apuntar aquí que la existencia de un 9% de adultos no vacunados no significa que nueve de cada cien adultos no estén inmunizados. Aproximadamente un tercio de la población ha dado positivo en un test, lo que también confiere cierta inmunidad, por lo que la población adulta por inmunizar estaría por debajo del 6%. Menos incluso, dado que no todos los positivos se han diagnosticado. 

Hay otros motivos para pensar que la población por inmunizar realmente será menor, como que entre los no vacunados la incidencia del virus ha sido más importante. Los contagiados no vacunados han triplicado a los vacunados entre el verano y la navidad, si se atiende a los datos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Nafarroa. 

Desde que llegó ómicron la protección ante la infección que confiere la vacuna ha bajado bruscamente, aunque sigue protegiendo igual para casos graves

Este 6% o 5% de adultos sin inmunidad es el que origina hoy la mitad de las hospitalizaciones en intensivos de Hego Euskal Herria y una cuarta parte de los ingresos en planta. Y este es el dato a partir del cual se puede entender la magnitud del problema que afrontan otros países que cuentan con tasas de vacunación menores. 

Sobre el total de su población (los anteriores datos respondían a población adulta), el Estado español supera el 80% de vacunados. En el Estado francés, el indicador cae al 75% y es similar al de Austria. En Italia han alcanzado el 76%. En Alemania está por debajo, quedando en el 73%.

El país más duro hoy es Austria. Al principio, intentó convencer a la americana, con premios económicos, sorteos, etc. (algo que en EEUU tampoco fue un éxito). Posteriormente, Austria declaró la vacuna obligatoria, dando poder a la Policía para multar por la calle. Si así no logra su objetivo, comenzarán a notificar multas semestrales. Han fijado un máximo anual para la suma de todas estas sanciones de 3.600 euros (allá el salario medio es de 48.000 euros). 

Otros estados están optando por una vacunación obligatoria selectiva, como es el caso de Polonia, que la aplica desde diciembre para colectivos concretos. De este modo, los sanitarios y los profesores tuvieron que vacunarse de forma obligatoria. 

Otro ejemplo de vacunación obligatoria sectorizada, pero más amplia, es por el que han optado Grecia e Italia. En este caso, la vacuna obligatoria no solo se determina en función de la profesión (en diciembre se fijó la obligatoriedad para sanitarios), sino también de la edad. En Grecia hay que vacunarse sí o sí desde los 60 años y en Italia, desde los 50.

El último país en sumarse a una vacunación obligatoria que combina profesión y edad ha sido Chequia. Y en Eslovaquia esta misma semana han iniciado el camino legislativo para aprobar medidas similares. 

Como principal país de la Unión, el foco actualmente está en Alemania, donde el debate ha llegado al Parlamento y parece tener visos de prosperar. Sin embargo, al tratarse de una materia compleja, la previsión es que no tengan vacunación obligatoria hasta junio.

Queda el debate sobre cómo se obliga a vacunar. Ninguno de estos países emplea la fuerza para clavar la aguja a nadie. Por lo general, la obligatoriedad se está ligando a multas económicas que no resultan demasiado altas. En Italia han quedado en 100 euros, por ejemplo.

Así, el método coercitivo principal sigue siendo la prohibición de accesos a espacios como hostelería, gimnasios u hoteles. Y esto pone al Estado francés, que no figura como país con vacunación obligatoria, como uno de los más duros a efectos prácticos debido al desarrollo e implementación de un pase al que solo acceden los vacunados. 

Mientras, al sur del Pirineo, Lakua ha solicitado –a la francesa– ampliar a hoteles y casas rurales los espacios donde será necesario el pasaporte covid.