Lehendakaritza encargó al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de la Iglesia Deusto, un ‘Informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA (1960-2011)’, por el que pagó 16.843 euros, en el que se afirma que «los cuerpos policiales deben ser percibidos como constructores de una sociedad más justa», atacados «por ejercer una profesión que habían elegido libremente y que conlleva el cumplimiento de un servicio público».

El PP no ha querido dejar pasar la oportunidad, para intentar que todo el Parlamento de Gasteiz homenajee a quienes fueron las FOP antes de pasar a llamarse FSE. En una proposición no de ley, recuerda que durante la presentación del informe, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, habló de que «la injusticia padecida» por estas víctimas «fue intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social» y «en consecuencia añadió «invitamos a toda la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una memoria reparador y empática hacia el sufrimiento padecido por estas víctimas y por todas la víctimas inocentes».

Ante ello, el PP propone al pleno de la Cámara un texto por el que «el Parlamento Vasco reconoce la violencia, el aislamiento social y la injusticia que han padecido las fueras y cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi y sus familiares como consecuencia de la actividad de la banda terrorista ETA y de quienes legitimaban sus acciones».

Artolazabal respondió a las críticas

Tras las críticas recibidas por el documento, que ignora buena parte de la realidad de las FSE en Euskal Herria, tanto en el franquismo como después, incluidos los miles de torturados documentados por el propio Gobierno de Lakua, la consejera Beatriz Artolazabal se quejó en una entrevista de radio de que «este informe pretende defender los derechos humanos en Euskadi que estas personas también vieron conculcados. Para nada justifica o ampara las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por guardias civiles o policías nacionales en Euskadi».

Añadió que «fue un colectivo estigmatizado, más allá de las actuaciones individuales de ciertas personas que pertenecieron a él. En eso el informe no entra pero algunos han intentado entrar... Me refiero a lo que ha publicado un medio de comunicación», en referencia a GARA y NAIZ.