Una amplia mayoría –en torno a las tres cuartas partes– de los delitos de odio registrados en Nafarroa tienen una base racista o xenófoba, según constata el ‘Informe de los Delitos de Odio en Navarra 2016-2020’ que ha sido elaborado por investigadores de la UPV-EHU y que ha sido hoy presentado por el consejera de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno navarro, Eduardo Santos.

Según han explicado Jon Mirena Landa, director de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU, y Bertha Gaztelumendi, investigadora de esta cátedra, la imagen que Nafarroa ofrece es similar a la del Estado español y al entorno europeo.

De este modo, las tres cuartas partes de los delitos de odio responden a motivaciones relacionadas con el racismo o la xenofobia. Sin embargo, existe una desviación que hace que la motivación ideológica aparezca más representada, con un 42% de los casos frente al 22,4% del racismo-xenofobia y un 15% de la identidad sexual. Landa ha señalado que esta distorsión podría deberse al papel de los medios de comunicación y el debate político, pero ha añadido que no es preocupante, puesto que con el paso del tiempo estos parámetros se decantarán ofreciendo una visión más realista de la situación.

Entre 2016 y 2020, en Nafarroa se registraron 137 incidentes de odio, de los que el 95,6% fueron delitos y el 4,4% infracciones administrativas. En 2016 hubo 31 delitos, en 2017 trece, en 2018 nueve, en 2019 30 y en 2020, 48.

La mayoría de estos delitos (el 50,4%) corresponden a odio con palabras, mientras que los de lesiones son el 17,6%. En este contexto, las amenazas suponen el 20,6%. En este ámbito, Landa ha señalado que existe también una divergencia respecto al entorno europeo, donde el odio con palabras es residual y se concibe el odio como un agravante del delito. De este modo, ha señalado que en Inglaterra se detectan cien mil casos de delitos de odio al año pero solo unos veinte son con palabras.

El perfil de las víctimas es un hombre (63%) «de nacionalidad española» (57%), al igual que el de los agresores, que también son mayoritariamente hombres (82%) y de «nacionalidad española» (59%).

Landa ha explicado que la base de este informe son las fuentes policiales sobre incidentes de odio, que posteriormente deben ser calificados o no como delitos por la Fiscalía o los jueces.

Junto a Santos, ha señalado que el objetivo de este informe es ayudar a implementar políticas públicas contra el odio.