Bajo el lema «¡No son 1.000 son 100.000!», Bilbo, Donostia e Iruñea acogerán este miércoles concentraciones convocadas por las asociaciones patrimonialistas para reclamar al Gobierno español medidas para que la Iglesia católica devuelva al dominio público las inmatriculaciones que ha realizado durante décadas.

En concreto, en Bilbo tendrá lugar a las 19.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno español, en la plaza Elíptica; en Donostia, a las 18.00 horas frente a la catedral; y en Iruñea, a las 18.30 ante la Delegación del Gobierno español.

Este miércoles, día 16, se cumplirá un año de que la entonces vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, presentara el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015.

Desde Recuperando se señala que esa presentación «fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles» y que había solicitado esa información en un escrito presentado en el Congreso español el 7 de febrero de 2017.

Sin embargo, pone de manifiesto los límites de la información facilitada por el Ejecutivo de Sánchez , ya que «nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998, los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados, ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos (la Giralda de Sevilla, el Micalet de València…) y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno».

Recuerda que «tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?».

Por todo ello, exigen «información detallada de las inmatriculaciones realizadas desde 1946» y reivindican «la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida y una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro».

Considera que el Gobierno español «abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados por la jerarquía católica».

Añade que «tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe en una exhibición de parafernalia episcopal, el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. No son mil; son cien mil».

Las asociaciones se han dirigido «a siete ministros de Pedro Sánchez (Carmen Calvo, José Manuel Rodríguez Uribes, Teresa Delgado, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Félix Bolaños y Pilar Llop) solicitando un contacto para hacerles llegar nuestras propuestas. Ninguno/a de ellos/as ha tenido interés en conocerlas».

Ante lo que califican de «evidente agravio en el tratamiento privilegiado a la Iglesia católica y desdeñoso con las organizaciones ciudadanas, Recuperando solicita una reunión con Pedro Sánchez para que, al menos, conozca personalmente nuestras consideraciones y propuestas».

Añade que «si el Gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora estatal Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro».

Por ello, han convocado las concentraciones de mañana «para exigir información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público».