Las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado domingo han vuelto a poner a Vox en el centro del debate político y muy arriba en muchas primeras páginas. Se destacan su formidables resultados en comparación con las anteriores autonómicas de mayo de 2019. Y no es para menos, puesto que la formación ultraderechista pasó de 75.713 votos a 212.605 y de 1 a 13 procuradores en las Cortes vallisoletanas. Pero en esa ecuación falta un elemento que no es una incógnita, sino una evidencia. Ese salto enorme no se ha dado ahora, sino hace algo más de dos años. En las elecciones al Congreso de los Diputados que se celebraron en noviembre de aquel mismo 2019, Vox sumó ya 230.759 papeletas en Castilla y León. Por si alguien quiere tener ya la cuenta hecha, son 18.130 más que ahora. Aunque en porcentaje de voto sí que subieron algo, el 1,03%. Nada escandaloso.

Esto no significa que con sus 13 procuradores Vox no se haya convertido en una fuerza relevante en aquella comunidad y, sobre todo, en un enorme dolor de cabeza para el PP, tanto para su candidato a repetir en la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, como para un cada vez más devaluado Pablo Casado. Pero de ahí a reverdecer todos los debates sobre qué hacer con la ultraderecha en el ámbito del Estado, como si ahora mismo estuviera experimentando un crecimiento irrefrenable, hay un salto enorme e interesado.

Si Vox ha perdido votos en Castilla y León con relación a las últimas elecciones al Congreso, lo mismo ha venido ocurriendo en todos los comicios autonómicos que se han convocado en 2020, 2021 y 2022. La formación ultraderechista de Santiago Abascal ha sumado 805.511 papeletas en las autonómicas de Castilla y León, Catalunya, Galiza, Madrid y las de la CAV. En las generales, en esa mismas comunidades, logró 1.273.219. Es decir, 467.708 votos más que ahora.

Por lo tanto, donde muchos, dejándose llevar por impresiones, ven un crecimiento exponencial de Vox, los datos desnudan una perdida del 36,73% de su apoyo popular bruto.

Especialmente llamativo es lo ocurrido en las otras dos comunidades gobernadas por el PP con un presidente y una presidenta especialmente carismáticos para la derecha y, por lo visto, también para otros sectores sociales.

En Galicia, Vox cayó de 116.381 votos para el Congreso de los Diputados a apenas 26.794 cuando se tuvo que enfrentar con el incombustible Alberto Núñez Feijoo. Y este bofetón, aunque en terminos proporcionales es gigantesco, desde el punto de vista estratégico y propagandístico empequeñece si lo comparamos con las mas recientes elecciones en la Comunidad de Madrid.

Allí donde Santiago Abascal consiguió 653.476 votos para las Cortes Generales batallando con Pablo Casado, la ultraderechista Rocío Monasterio perdió más de la mitad de ese legado quedándose en 330.660 papeletas. Fue aplastada por la apisonadora Isabel Díaz Ayuso, que subió de los 887.474 sufragios que le habían dejado en las Generales a nada menos que los 1.620.213 que se embolsó adelantando las elecciones a mayo de 2021.

En la Comunidad Autónoma Vasca, por contra, Vox es una formación prácticamente residual, que a pesar de perder apoyo y quedarse en el 1,96% del voto al Parlamento de Gasteiz, consiguió una única representante por Araba gracias al sistema electoral.

Si en lugar de al pasado más reciente miramos al futuro, este año, 2022, antes o después, se celebrarán elecciones en Andalucía. La legislatura vence en diciembre, y se hablaba mucho de un adelanto hasta que el experimento fallido de Castilla y León se cruzó en el camino de Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora habrá que ver, al igual que los resultados. Nadie duda de que la candidata de Vox será Macarena Olona, pero antes de comparar los resultados que logre con los 395.978 obtenidos en 2018 por una todavía incipiente candidatura encabezada por Francisco Serrano, habrá que tener en cuenta que menos de un año después, en noviembre de 2019, ya subieron hasta los 869.909 votos, pisando los talones al PP.

Vaso comunicante con PP y Ciudadanos

Pero no sólo es una evidencia que Vox ha perdido votos, sino que ante las urnas forman un vaso comunicante con PP y Ciudadanos. En las elecciones al Congreso de junio de 2016, cuando la formación ultraderechista de Abascal apenas daba sus primeros pasos y no sumó más que 47.182 papeletas, Mariano Rajoy se llevó casi 8 millones y Albert Rivera, 3,1. En total, las tres fuerzas sumaron 11,13 millones de votos. Prácticamente los mismos 11,21 millones que lograron en abril de 2019 y no lejos de los 10,35 millones que juntaron en la repetición forzada de noviembre. Lo que cambió fue la distribución interna entre las tres formaciones de la derecha y la extrema derecha.

Esta misma teoría de los vasos comunicantes es aplicable en las elecciones a comunidades autónomas analizadas, aunque en este caso hay que incluir la variable del voto personal que Núñez Feijóo y Díaz Ayuso arrastran en Galicia y Madrid, respectivamente.

Un puzzle complicado

Tan innegable es que los resultados en Castilla y León han dejado un puzzle complicado, como que eran previsibles y que son fruto de lo votado por los electores. En ese contexto han surgido las voces que apuestan porque el PSOE se abstenga para permitir la elección como presidente de Alfonso Fernández Mañueco, al que no podemos olvidar que acusaron de corrupto por las causas, también judiciales, que arrastra.

Llama la atención que al coro se haya sumado el presiente del EBB, Andoni Ortuzar, que ayer a la pregunta de si el PSOE debería abstenerse respondió que «la situación es suficientemente grave, suficientemente especial como para que hagamos un acto de generosidad política, pero que ya digo que es generosidad egoísta porque creo que a todos los partidos políticos nos interesa que Vox no tenga esta eclosión». También recordó que en Alemania se ha llegado a acuerdos para que la ultraderecha no gobierne, por lo que dijo que los dos grandes partidos españoles deberían hacer lo mismo.

Si lo segundo está claro, lo de la abstención del PSOE en Castilla y León ¿qué efecto tendría? ¿Cómo va a poder gobernar el PP con 31 escaños de 81? ¿No se le estaría dejando en bandeja una solución benevolente como la de Andalucía, Madrid o Murcia, donde gobierna con apoyo y condiciones de Vox? ¿Y quizá no se le estaría haciendo también un favor a Vox, a la que no está claro que le favorezca entrar en un gobierno con las contradicciones que ello supondría? Por otro lado, ¿qué puede engordar más a Vox que un PP –«derechita cobarde»– que llegue a un gobierno de la mano del PSOE?

Y quienes desde el viejo PSOE insisten en la vía de la alfombra roja como con Rajoy, lo que quieren en realidad es que Pedro Sánchez rompa con UP y pierda el apoyo de ERC y EH Bildu. Volver a los consensos básicos con el PP donde tan cómodos se movieron personajes como Rodríguez Ibarra que ahora hacen de Celestinas.

Si lo que vaya a subir Vox lo perderá el PP, con Cs desaparecido, parece más importante que la izquierda se reactive y, por ejemplo, el Gobierno de coalición ahonde en cumplir su programa, para ilusionar y movilizar a su electorado. Y que lo hagan de la mano de sus socios de investidura.

Tampoco convendría olvidar que los «cordones sanitarios», lejos de ejercicios de radicalidad antisistema, son instrumentos democráticos ya practicados en otros estados europeos. Sobre su eficacia, que algunos ponen en duda, depende de cómo se ejerza. Y si no que se lo pregunten a Javier Maroto, que perdió primero la Alcaldía por el trabajo unitario bien hecho de Gora Gasteiz y después el escaño, que se lo arrebató EH Bildu. Hoy dice ser vecino de Sotosalbos