Los padres de tres niños de 7, 6 y 10 años que residen en Donostia han pedido a la Fiscalía que adopte las «medidas oportunas que garanticen la escolarización de sus hijos en modelo A», enseñanza en castellano, «financiado con fondos públicos ante la ausencia de oferta de este modelo en los colegios públicos» de la ciudad.

Los progenitores trasladaron el pasado lunes un escrito a la Fiscalía y al Ararteko, que ha adelantado ‘El Mundo’ y al que ha tenido acceso Efe, en el que aseguran que no tienen que asumir «las consecuencias de la política lingüística de la Administración educativa» y remarcan que ejercen sus derechos «de acuerdo a la legislación educativa vasca en vigor».

Consideran que la Administración «ha hecho dejación de sus funciones, eliminando 2 de los 3 modelos lingüísticos de la Ley vasca de Educación, no en la ley sino en la realidad, y ha creado otro modelo de inmersión en euskera totalmente ilegal que se ha impuesto sin la legislación que lo sostenga».

La familia, natural de Madrid, llegó a la capital guipuzcoana el pasado diciembre por motivos laborales procedente de Reino Unido, donde había residido dos años y medio y pidió la escolarización de sus hijos –que cursan segundo y quinto de primaria y tercero de Educación Infantil– en el modelo A, en el que la enseñanza es en castellano y se imparte el euskara como asignatura.

El pasado 3 de febrero la Delegación Territorial en Gipuzkoa de la Consejería de Educación de Lakua asignó a los pequeños la ikastola Jakintza, un colegio público de modelo D, en el que toda la enseñanza es en euskara salvo la asignatura de Lengua Castellana.

«Desconocemos las horas»

«Desconocemos las horas lectivas a la semana en primaria en castellano, debido a que la directora del colegio se ha negado a dar esa información porque la considera confidencial, pero en todo caso se trata de un modelo muy alejado de las necesidades académicas de nuestros hijos», señala el escrito.

El motivo alegado por el centro –detalla el escrito– es que no hay colegios públicos de modelo A «por no ser posible ni viable la conformación de un grupo».

«Como si la Administración pública tuviera que buscar una suerte de rentabilidad o análisis de gastos-beneficios en un área que incide directamente sobre un derecho fundamental, como es el derecho a la educación que recoge la Constitución Española», agrega.

Consideran «paradójico» que la Administración autonómica «no oferte» el modelo A recogido en la legislación en vigor «pero, a cambio, ofrezca educación de inmersión, ilegal según sentencias y doctrina, si no existe una línea con solo la otra lengua oficial».

Los modelos A financiados con fondos púbicos en Donostia «realmente tampoco son A, son una suerte de trilingüismo», señalan los padres, que afirman que están dispuestos «a aceptar alguna otra asignatura en euskera aparte de lengua vasca», pero «bajo ningún concepto» aceptan «un modelo D y mucho menos de inmersión».

Fuentes del Departamento de Educación han confirmado a Efe que se ha asignado plaza para los dos hermanos de 6 y 7 años en «un colegio concertado modelo A» y el mayor sigue adscrito al centro en euskara mientras «buscan una plaza en otro centro».

25% en Catalunya

El caso de Donostia recuerda a lo ocurrido en Catalunya, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya obligaba a finales de 2020 a que el castellano tenga una presencia mínima del 25% en el sistema educativo de Catalunya.

En la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, población a media hora de Barcelona, el propio TSJC fijó en diciembre del pasado año un 25% de castellano después de que los padres de un alumno pidieran aumentar el número de horas lectivas en esa lengua.