Tras la movilización que reunió a 8.000 personas el 20 de noviembre en Baiona el voto, por más del 95% de los electos de la Mancomunidad Vasca, del reglamento relativo a alquileres turísticos implica, según los agentes sociales y políticos que sustentan la dinámica en favor del derecho a la vivienda, que se ha superado «una etapa importante».

Pese a las presiones de plataformas y asociaciones de propietarios de apartamentos turísticos, las veintena larga de reuniones llevadas a cabo, según explicitó el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, permitieron alcanzar ese consenso amplio. Y desactivar de paso las maniobras tendentes a retrasar la votación.

«La adopción de ese reglamento de compensación es una primera victoria colectiva y también una primera etapa en la necesaria intervención pública para regular el mercado liberal», expresa Euskal Herria Bai en el comunicado en el que saluda el voto que tuvo lugar, el sábado, en el marco del consejo de la Mancomunidad Vasca.

Para la formación «el mensaje que se hace llegar a quienes consideran la vivienda como un objeto de especulación o como un producto de inversión es que las reglas del juego empiezan a cambiar y lo hacen en favor de las personas que viven en Euskal Herria».

Los alcaldes de Biarritz y Hendaia, cara y cruz

Distintos representantes de Euskal Herria Bai tomaron la palabra para defender la adopción de la medida de compensación que, en todo caso, recibió, a izquierda y derecha, el apoyo de electos de todas las familias políticas.

A destacar que la alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, de Les Républicains, avalara la propuest, aunque aludiendo a que se podía mejorar el texto.

En el ángulo opuesto, en desacuerdo con la iniciativa trabajada junto a los electos de la llamada zona de tensión inmobiliaria, el mecanismo no convenció al alcalde socialista de Hendaia y responsable de Finanzas de la institución, Kotte Ezenarro, que optó por no participar en la votación, aludiendo a que la medida no se ajusta a la realidad existente en su localidad.

De opinión bien distinta, Hendaia Biltzen remaca que de 2016 a 2020 en esa localidad costera labortana ha aumentado el alquiler turístico en un 117%.

«Queda pendiente la tarea de adoptar mecanismos complementarios con vistas a hacer frente a un problema complejo», estima EH Bai, que alude a la necesidad de adoptar otras tres medidas.

La primera llevaría extender a esa zona de tensión que desde 2017 incluye a 24 localidades labortanas. La segunda pasaría por reforzar la regulación de los alquileres para todo el año. La tercera propuesta exigiría adoptar medidas fiscales para penalizar más eficazmente las residencias secundarias y bonificar al tiempo a quienes alquilan para todo el año.

Junto a esta última iniciativa, EH Bai defiende la implantación de un estatus del residente que permita regular el acceso a la propiedad limitándolo a las personas que lleven viviendo una serie de años en el territorio.

Fiesta de Alda en Baiona

Para el movimiento Alda, que celebró con una fiesta, el sábado en Baiona, el voto de la Mancomunidad, se trata de «un avance mayor que es resultado de una dinámica que ha combinado de forma ejemplar las propuestas y del compromiso de la sociedad civil con el trabajo de electos dispuestos a aportar soluciones eficaces a la crisis de la vivienda».

En marzo del año pasado Alda, que ha llevado a cabo varias ocupaciones de apartamentos turísticos no declarados, realizó en recuento que permitió demostrar por primera vez la importancia de esta práctica de alquiler que «vampiriza el equivalente a un tercio del parque privado de viviendas de alquiler en la zona de tensión», según este movimiento.

Desde julio pasado en que se puso sobre la mesa la posibilidad de adoptar el mecanismo de compensación «hemos podido trabajar en un clima de cooperación constructiva con la institución, su presidente y los electos y técnicos encargados de la materia», elogia Xebax Christy, para quien tras el voto de la institución de Ipar Euskal Herria, que Alda interpreta como «una victoria a la vez social y ecológica», queda la tarea mayor de «precisar la cuestión social de cómo se garantizará el control en la aplicación de esta medida y con qué medios».

Desde verano, trabajo compartido

El camino recorrido no ha sido ni corto ni sencillo, dadas las presiones de los lobbies de plataformas de alquileres y asociaciones de propietarios. Pidieron que se renunciara al dispositivo mediante mecanismos diversos, entre ellos una recogida de firmas.

Fue el pasado verano cuando se explicitó por vez primera de una forma concreta la voluntad de avanzar hacia un mecanismo de compensación, tal como expuso el vicepresidente de la Mancomunidad para Turismo, Daniel Oltzomendi.

La medida adoptada ahora por la Mancomunidad afectará a unos 11.000 inmuebles.

Su alcance afectará en el futuro a aquellos apartamentos que hayan recibido una autorización de cambio de uso que, concluido ese permiso por tres años –caso de los concedidos en 2020 y 2021– deberán acondicionar un local –puede ser un garaje o en general cualquier espacio, con la excepción de lonjas comerciales, que pueda acondicionarse como vivienda y esté en la misma localidad del bien turístico– para alquiler de vivienda al año.

«Esta medida para hacer frente al tsunami de alquileres turísticos va en favor de la juventud y de las clases populares, ya que va a permitir recuperar miles de viviendas sin llenar de cemento y artificializar más todavía más el suelo», resume la coordinadora de Alda, Malika Peyraut.