El Gobierno de Lakua ha manifestado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una renta básica incondicional, ya que considera que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tiene «un modelo vigente de éxito» en su apuesta por «profundizar en la universalización» de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno ha decidido rechazar la aprobación de la proposición de ley –que recabó más de 22.000 firmas y que fue registrada el pasado enero–, dado que el Ejecutivo tiene ya comprometida y en fase de trabajo «muy avanzada» para su remisión al Parlamento de Gasteiz la iniciativa de «un proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión».

A su juicio, esta norma servirá para «reforzar el modelo vigente e incorporará todo lo relacionado a la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya presencia es ignorada en la Iniciativa Legislativa Popular y, por tanto, queda desfasada».

Lakua explica que «el ordenamiento jurídico vigente distingue entre la acción pública de protección del sistema de Seguridad Social, en el que se inserta el IMV, y la acción pública de atención social, en el que se incardina la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)».

«Cada prestación –añade el Ejecutivo autonómico– obedece a unas determinadas reglas y satisface a requerimientos que deben ser encauzadas desde las instituciones de manera sinérgica y con la máxima eficacia».

Por ello, apuesta por «profundizar en la universalización de la RGI, un modelo de éxito en Euskadi» con el que pretende «llegar a segmentos de población actualmente no suficientemente cubiertos, incidiendo especialmente en las familias desfavorecidas con hijas e hijos».