El diputado del PNV Aitor Esteban ha preguntado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la intención del Ejecutivo de retirar el velo a la documentación calificada como secreta en relación con el caso Mikel Zabalza, tras haber sido reconocido como víctima de violencia policial por parte del Gobierno de Lakua.

El presidente español ha asegurado que su Gobierno colaborará «si la Justicia lo exige». El problema es que a día de hoy, y mientras el propio Ejecutivo español no reforme la Ley de Secretos Oficiales franquista, la justicia no demandará esos documentos. Por otro lado, el Consejo de Ministros también tiene la potestad de promover una desclasificación sin esperar a los tribunales, pero es una potestad que no ha ejercido en este caso. Ya lo anunció el año pasado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejando también la pelota en el tejado judicial. «No caben investigaciones paralelas», alegó entonces.

En el debate de hoy, Esteban ha insistido en que «se lo estoy pidiendo a un Gobierno que presume de una ley de memoria democrática y que ha prometido una ley de secretos oficiales que permita que los tribunales puedan actuar». En ese sentido, le ha recordado que «hay grabaciones muy explícitas» de una conversación conocida entre el entonces director del Cesid Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, en la que este último expone su certeza de que Mikel Zabalza murió en Intxaurrondo y hablan de la tortura con naturalidad «en las que viene a decir que se les fue de las manos».

Sin embargo, «para que los tribunales actúen es necesario que ustedes actúen», ha remarcado el parlamentario del PNV, «ya que están protegidos por una ley franquista», por lo que la investigación «se cerró en falso».

Esteban ha entregado al presidente español el informe del Gobierno de Lakua. «La familia solo busca conocer la verdad y el consuelo en ello. Le pido que no le digan como a la madre cuando fue al cuartel de Intxaurrondo, donde le dijeron que buscase en objetos perdidos».

Sánchez, que ha señalado que no va a «entrar en dictamenes del Gobierno vasco», ha defendido que «en un estado de hecho como es España, si debe ese reconocimiento, se debe derivar alguna consecuencia». Así como que «en ese caso no tenga duda de que pasará».

El presidente del Gobierno español ha cerrado el debate asegurando que su Ejecutivo sigue trabajando en la ley de información clasificada. «Esta ley va a establecer el nivel de protección y clasificación y los plazos para la descalcificación», ha señalado sin dar más detalles.

EH Bildu: «Ningún avance»

La diputada de EH Bildu Bel Pozueta ha reaccionado a las palabras de Sánchez con realismo, señalando que «la impunidad viene porque la Justicia nunca ha querido actuar».

«Volver a dejar el esclarecimiento de la muerte por torturas de Mikel Zabalza y la desclasificación de documentos en manos de la Justicia no supone ningún avance», ha criticado. De hecho, considera que «nada hace pensar que ahora vaya a actuar de otra forma».

Pozueta ha recordado que «a pesar de las grabaciones que confirman su muerte en Intxaurrondo, durante décadas se ha demostrado que la Justicia no es solucion alguna». Por ello, ha defendido que «la verdad, justicia y reparación necesaria para el caso Zabalza solo vendrá de la mano de los poderes públicos».

Foro Social: «De verdad social a verdad judicial»

El Foro Social ha considerado en una nota que en el caso de Mikel Zabalza «lo que es una verdad social casi unánime en la CAV y Navarra debe convertirse, por fin, en una verdad judicial».

Entiende que las palabras de Sánchez «abren una ventana de oportunidad para el reconocimiento de las víctimas del Estado». Pero advierte de que en este contexto «se hace más necesaria que nunca la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, para poder así garantizar  los derechos de las víctimas del Estado, recogiendo los parámetros internacionales en la materia».

«Cabe recordar que el pasado mes de marzo de 2021 se aprobó por amplia mayoría en el pleno del Parlamento de Navarra una moción que pedía al Gobierno de España que modifique la Ley de Secretos Oficiales, en la línea en la que ya lo han hecho Reino Unido, Italia o Alemania, para poder conocer con transparencia los pormenores que rodearon la muerte de Zabalza en 1985», señala el Foro. Y apostilla que «si bien es verdad que entre las víctimas del Estado hay muchos casos prescritos ya, habría que buscar otros mecanismos para garantizarles a ellas también el derecho a la justicia».