Dos sentencias de juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbo han anulado sendas multas interpuestas a activistas del movimiento antimilitarista en una acción organizada en marzo de 2019, con motivo de la Junta de Accionistas del BBVA, al considerar que la libertad de expresión en sus movilizaciones prevalece sobre la denominada ‘Ley Mordaza’.

Según ha informado el MOC, las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbo se suman a la dictada por un juzgado de Gasteiz, que hace unas semanas anuló la sanción a otra participante en esa misma acción al considerar que «como ejercicio del derecho a la libertad de expresión la protesta fue lícita, legítima y eficaz».

El MOC ha recordado que dos mujeres del colectivo antimilitarista participaron en una acción de protesta junto a personas de otros colectivos en marzo de 2019 frente al Palacio Euskalduna, donde se realizó la Junta de Accionistas del BBVA.

En total, seis personas fueron propuestas para sanción por el Departamento de Seguridad dela CAV empleando para ello la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’, han explicado.

Las sanciones fueron recurridas por las activistas y los grupos organizadores de la acción, por entender que la protesta y la movilización social son derechos fundamentales de la ciudadanía, y que la actuación policial contra las mismas «supone un ataque a la libertad de reunión y de expresión, y un intento de desmovilizar la protesta a través de multas».

Ahora, dos sentencias de los juzgados números 1 y 4 de lo contencioso-administrativo de Bilbao anulan las sanciones al estimar que la protesta se desarrolló «de forma absolutamente pacífica y sin alteración del orden público ni peligro para personas o bienes» y que fue «una actuación lícita y legítima en el espacio público».

«Legitimidad de la desobediencia»

El movimiento antimilitarista ha destacado que las sentencias, que son firmes y no cabe recurso contra ellas, suponen «un reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil como herramienta de participación política y una reivindicación de la libertad de expresión frente al recorte de derechos que supone la Ley mordaza aún vigente».

Cabe recordar que el objetivo de la protesta llevada a cabo en 2019 era denunciar que los beneficios del BBVA «estaban, y siguen estando, manchados de sangre» y que «la guerra empieza aquí».