El Tribunal Constitucional resolvió este miércoles en el pleno del 9 de marzo estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados del grupo parlamentario del PP a la ley 11/2020 del 18 de setiembre, la Ley de Vivienda catalana, de medidas urgentes en materia de contención de rentas a los contratos de arrendamiento de vivienda. A efectos prácticos, parte de la ley 11/2020 quedaría anulada en el momento en que se haga pública la resolución del TC, lo que pasará en los próximos días.

El mes de setiembre de 2020 el Parlament de Catalunya aprobó una ley histórica: la regulación de los precios del alquiler. Una conquista que el Sindicat de Llogaters consiguió con solo tres años de existencia, pero con un amplio apoyo social: más de 4.000 entidades culturales, sociales, solidarias, laborales, políticas y vecinales que reclamaron una regulación de precios del alquiler para Catalunya.

Desde entonces, según defiende el Sindicat de Llogaters, el éxito de la regulación ha sido avalado por las cifras oficiales y por estudios locales e internacionales: la regulación ha hecho bajar los precios del alquiler mientras se firmaban más contratos que nunca. «Es también prueba de este éxito que la ley ha llegado a estar vigente hasta en 68 municipios (donde vive el 70% de la población catalana) y son hasta un centenar los que lo han solicitado. Si los ayuntamientos lo piden es porque saben que la regulación funciona y es útil para sus vecinos y vecinas. Es por eso que lo han hecho no solo gobiernos de los partidos que votaron a favor de la regulación, sino también municipios gobernados por el PP y el PSC», argumentan.

Pero sobre todo, donde más se han notado los efectos de la regulación ha sido en «la tranquilidad de la gente inquilina». Desde que el Sindicato nació en 2017 y desde las primeras asambleas inquilinas, la principal amenaza que la gente temía era la de recibir un burofax al finalizar el contrato con una doble advertencia: o subida de precio o expulsión. «La Ley 11/2020 llegó para acabar con estas subidas sin freno y esta angustia. Han sido más de 160.000 familias que han firmado contratos de alquiler con los precios regulados», han afirmado.

Por ello, el Sindicato ha organizado una comparecencia pública para la tarde de este jueves junto a los grupos parlamentarios que apoyaron la aprobación de la ley. Además, en las próximas horas se reunirán con el Govern de la Generalitat para abordar la respuesta ante este «ataque al derecho a la vivienda». Por último, sábado 12 a las 18.00 han convocado una concentración de rechazo en la Plaza San Jaume con un acto político.