El Parlamento Europeo ya tiene en su mesa el informe de la delegación europea, copada en realidad por eurodiputados españoles de derechas, que visitó Euskal Herria y Madrid en noviembre pasado para estudiar los «379 crímenes de ETA sin resolver». Se trata de un texto que responde al apriorismo con que se diseñó esa iniciativa, que fue polémica tanto antes de su puesta en marcha (la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Tatiana Zdanoka, declinó acudir) como durante su desarrollo y conclusión (el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, manifestó su sorpresa por que la delegación no recabara la opinión de Lakua).

Pasados cuatro meses, la delegación liderada por la eurodiputada derechista francesa Agnès Evren ha presentado un texto de 40 páginas que básicamente se limita a recoger lo que le fueron transmitiendo en reuniones víctimas de ETA como Daniel Portero, Consuelo Ordóñez, Tomás Caballero o Maite Araluce; responsables de la Guardia Civil como el general Valentín Díaz Blanco; representantes judiciales como Manuel Marchena, del Tribunal Supremo; o «expertos» como Manuel Alonso Zarza (Premio Covite) o Florencio Domínguez (director del Memorial instalado en Gasteiz).

Ello da pie a un compendio de ideas estrambótico de principio a fin y delirante en muchos momentos, como cuando se evocan los juicios de Nuremberg, se cita la posición tomada por EH Bildu en un debate sobre el atentado yihadista del Bataclán de París o se insiste en la patraña de 200.000 personas exiliadas por culpa de la violencia de ETA.

Siguiendo esta línea de modo totalmente acrítico, la delegación acaba dando por buenos argumentos como que «en un porcentaje significativo, aproximadamente el 44% de los atentados mortales de ETA, no hay sentencia judicial sobre los autores intelectuales».

La idea de base general es la que trajo preconcebida esta delegación, en la que, pese a la norma habitual de no contar con eurodiputados del Estado referido, participaron Dolors Montserrat (PP), Jorge Buxadé (Vox) y Maite Pagazaurtundua (UPyD): existen márgenes de impunidad para los miembros de ETA. Ello choca notoriamente con un contexto en que no dejan de reabrirse sumarios para intentar forzar nuevas imputaciones; sin ir más lejos, este mismo lunes se ha señalado desde la Audiencia Nacional que se investigará a nueve personas como presuntos autores intelectuales de la muerte de Miguel Angel Blanco. Por dar otro dato significativo de la realidad, hay una persona presa preventiva (Jaione Jauregi, tras su entrega desde Bélgica) a la que se pretende juzgar por atentados de hace más de cuatro décadas, pese a que la derecha española insista en hablar de impunidad por prescripción de delitos.

Según se filtró antes de la visita, en ámbitos de la Judicatura española, la iniciativa europea ha causado malestar por cuanto supone poner en duda su implicación contra ETA. No obstante, se han evitado críticas públicas al respecto.

Contra la doctrina de la Audiencia Nacional

En esas conclusiones se incluyen peticiones igualmente rocambolescas, y que, de hecho, ya han supuesto que la representante del PSOE en esa iniciativa, Cristina Maestre, trate de desmarcarse. Por ejemplo, se propone que los crímenes de ETA «se consideren imprescriptibles o no amnistiables», ante lo que Maestre ha expresado «sorpresa». Recuerda a sus compañeros de viaje que esa vía fue cerrada expresamente por las autoridades judiciales españolas, dado que el delito de lesa humanidad no se incorporó al Código Penal español hasta 2004 y, por tanto, no puede aplicarse antes.

«Aun coincidiendo con el deseo expresado, nos tenemos que remitir a lo que dice la doctrina que nos han trasladado los magistrados», ha dicho Maestre, que en cualquier caso entiende que «tenemos campo para explorar cómo mejorar la legislación nacional para superar estas dificultades».

Es más, el propio eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha admitido que los jueces les transmitieron esa imposibilidad en las reuniones. Sin embargo, ha considerado que el Parlamento español «puede modificar el Código Penal» para ello (y según su versión, pasar por encima del principio de irretroactividad).

En cuanto a Pagazaurtundua, su argumento es que «conseguir juzgar por crímenes de lesa humanidad en lo que sea posible a una buena parte de responsables de ETA sería catártico para España. Sería su propio Nüremberg».

Otras propuestas

Los autores del informe también sugieren formar una comisión de juristas para elaborar informes sobre cada uno de los casos no resueltos de atentados mortales de ETA. Y crear un sistema para que se pueda hacer llegar a las autoridades, de forma completamente confidencial, protegida y anónima, información sobre los mismos.

Junto a ello, piden que los beneficios penitenciarios y el tratamiento que se pueda conceder a los condenados se vinculen a «su colaboración en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento, como muestra adicional de su verdadero arrepentimiento». Como se ve, se trata en casi todos los casos de cuestiones ya ensayadas o bien directamente contrarias a la ley.

Este informe entra ahora en plazo de presentación de enmiendas y será sometido a votación definitiva el 20 de abril.

Sobra decir que en él no hay alusión alguna a otro tipo de violencias, bajo la coartada de que la petición ciudadana que dio pie a la visita y a este texto solo aludía a los atentados de ETA.