Que los tribunales den con la puerta en las narices a las víctimas del franquismo es una práctica habitual en el Estado español, así como la obstrucción del Tribunal Supremo español a las exigencias o requerimientos de la ONU.

Los magistrados se apoyan en la Ley de Amnistía que anuló penalmente todos los hechos de intencionalidad política anteriores a diciembre de 1976 o en la supuesta prescripción de los delitos, pese a que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según la propia ONU, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

Sin embargo, sostienen que no se puede aplicar con carácter retroactivo el derecho penal internacional que tipifica los delitos contra la humanidad, pues estas normas no estaban definidas en el Código Penal cuando se cometieron esos crímenes. La figura de crímenes de lesa humanidad se incluye en el Código Penal español en el 2004, por lo que solo podrían perseguirse crímenes cometidos a partir de esa fecha.

Partiendo de esas premisas, la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) y Amnistía Internacional, apoyadas por ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, CUP, En Comú Podém y el BNG, han pedido que se apruebe la proposición de ley que pretende modificar el Código Penal como primer paso para poder juzgar los crímenes franquistas.

El texto, que no ha contado con los apoyos suficientes, planteaba incorporar al Código Penal «una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

En concreto, demandan la introducción de un artículo 2 bis para dejar claro que lo previsto en el Código Penal «no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado».

Desavenencias entre socios de Gobierno

A falta de votación final, el PSOE ha anunciado su voto en contra sumándose al bloque de PP, Vox y Ciudadanos. El diputado Indalecio Gutiérrez se ha escudado en que la iniciativa vulnera «tres principios de nuestro ordenamiento como son la legalidad penal, la retroactividad y la seguridad jurídica», no sin antes remarcar que «nadie tiene más muertos en fosas comunes que el PSOE» y que por tanto «lecciones, ninguna».

Eso sí, el diputado del PSOE ha pedido apoyo la Ley de Memoria Democrática, cuya tramitación se mantiene estancada después de que los socios parlamentarios del Gobierno de Sánchez la calificaran de «insuficiente», algo que también hizo el actual relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli.

La propuesta sí ha contado con el apoyo de Unidas Podemos. El diputado Jaume Asens ha subrayado que en esta cuestión «no valen medias tintas: o se está con las víctimas o se está con los victimarios» dejando claro que con «esta ley no le pedimos cuentas a la dictadura sino a la democracia», por que es quien «encubre» esos crímenes que «pueden perseguirse siempre desde cualquier rincón del mundo».

EH Bildu: «Urge retomar las iniciativas de memoria histórica»

En nombre de EH Bildu, Bel Pozueta, ha pedido «acabar con la interpretación torticera de la normativa estatal e internacional» para «abrir las puertas de los juzgados». «Reconocemos que no es el único ámbito en el que se han llevar acciones a cabo, pero supondría un avance para poner fin a la impunidad», ha añadido.

De esta forma, ha remarcado que urge «retomar la tramitación de las iniciativas relacionas con la memoria histórica» que se encuentra paralizadas en el Congreso español, entre las cuales están la ley sobre bebes robados, la reforma de ley de secretos oficiales o la propia tramitación de la Ley de Memoria Democrática.

Aitor Esteban, del PNV, ha señalado respecto al principio de legalidad que este «queda cubierto por existir ya (estos delitos) en el derecho internacional» y ha recordado que «estamos debatiendo un asunto de justicia, que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes».

Desde ERC, Carolina Telechea ha considerado que «no hay quebranto ni inseguridad jurídica» porque su propuesta solo trata de dar cabida al principio de legalidad internacional mientras que Josep Pagès, de Junts, ha pedido que «el derecho internacional sea el que prevalezca, no el interno».

Albert Botran ha remarcado que la posibilidad de acudir al derecho internacional para enjuiciar crímenes franquistas se debe a que se parte «de la consideración de la violencia franquista como un delito de lesa humanidad», por lo que son «imprescriptibles e inamnistiables». Además, ha lamentado que «se quieran perseguir delitos en Ucrania y sin embargo no se ha celebrado ni un solo juicio a responsables del franquismo».

Néstor Rego, diputado del BNG, ha incidido en que las víctimas de los crímenes franquistas «llevan más de 80 años esperando a que se haga justicia». Y ha asegurado que es «urgente» actuar y modificar el Código Penal para investigar estos delitos.

Críticas de la ultraderecha

En el debate de este martes, el PP, Vox y Ciudadanos también se han mostrado en contra de la iniciativa. Ciudadanos ha reprochado los grupos que han impulsado la propuesta que «gastan tantas energías persiguiendo a los dictadores muertos qué no saben que hacer con los vivos, les pasa con Maduro y Putin».

Por el Grupo Popular, Edurne Uriarte ha acusado a «la extrema izquierda y a los nacionalistas» de querer juzgar los crímenes del franquismo «manipulando el derecho internacional» para «poner patas arriba la legalidad de una democracia que nunca aceptaron».

En su opinión, la iniciativa «nada tiene que ver» con la democracia o con la justicia y ha incidido en que «el verdadero problema para España» son las formaciones que han redactado la propuesta.