El Senado argentino aprobó este jueves el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que ya había recibido el visto bueno de los diputados y que entrará en vigor cuando tenga el aval definitivo de organismo internacional.

En una sesión que se alargó más de lo previsto, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que incluye el acuerdo con 56 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.

Parte del oficialismo votó a favor y parte en contra en una votación en la que estuvo ausente la titular del Senado y vicepresidenta del país, Cristina Fernández, que lidera el sector kirchnerista del Gobierno, el más crítico con el FMI.

«Argentina no tenía que haber tenido un crédito tan grande, pero creo que los que estamos en este honorable cuerpo tenemos que tomar una decisión. Para cuidar a la inmensa mayoría de los argentinos tenemos que llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para no llegar a un 'default'», afirmó el senador Sergio Leavy, del gobernante Frente de Todos.

La aprobación en el Congreso llega tras el largo proceso de negociaciones entre el Ejecutivo y el FMI para la refinanciación del crédito que otorgó a Argentina en 2018, durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), que el país no estaba en condiciones de devolver en tiempo y forma.

Tenso debate

El debate parlamentario se ha dado en los últimos días en medio de fuertes tensiones dentro del oficialismo, ya que el kirchnerismo, que encabeza Cristina Fernández, es históricamente crítico con el organismo y está en contra de haber cerrado el acuerdo, al considerar que conllevará ajustes en la economía.

«Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y voto en contra del Fondo Monetario Internacional, que una vez más, como desde 1956, vuelve a imponer las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social, valorización financiera y fuga de capitales», expresó la senadora Nora Giménez, que adelantó su rechazo al intervenir en la sesión.

Entre los oficialistas que mostraron a favor del acuerdo está Edgardo Kueider, que llamó a «votar con responsabilidad» ante la «gravedad de la situación». «Voy a acompañar firmemente a mi presidente de la nación, que es de mi espacio político, que fuimos nosotros los que decidimos que esté allí, y no hay que darle la espalda en los momentos difíciles», aseveró.

El presidente, que desde que asumió el poder a fines de 2019 se ha mostrado constantemente crítico con la política de deuda de Macri, ha reiterado al mismo tiempo la necesidad de alcanzar un entendimiento con el FMI para evitar que el país entre en cese de pagos. Y en las últimas semanas ha defendido el acuerdo logrado insistiendo en que este no conllevará ajustes en la economía y permitirá su crecimiento.

«Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en 'default', porque ahí sí no teníamos ninguna salida ni escapatoria», defendió en un acto público en el que señaló que, tras superar este escollo, se podrá empezar a pensar en los otros problemas que sufre el país, donde la inflación «ocupa un lugar central».

Apoyo de la oposición

Con la coalición de Gobierno dividida, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde ninguna fuerza cuenta con mayoría absoluta, el presidente logró los votos necesarios apoyado por Juntos por el Cambio, partido de Macri y principal frente opositor, que rechaza que se apliquen medidas de ajuste pero ve necesario que haya un acuerdo para no caer en cese de pagos.

«Somos una oposición responsable y, al aprobar este acuerdo, estamos priorizando los intereses de la República Argentina impidiendo el 'default'. Vamos a honrar el principio de honrar nuestras deudas y la continuidad del Estado», expresó el senador José María Torello.

Fue en febrero pasado cuando se llegó a un principio de acuerdo con el FMI para concretar un programa de facilidades extendidas que prevé desembolsos totales por los casi 45.000 millones de dólares que debe el país, para con ellos afrontar los vencimientos que estaban previstos entre este año y 2024 derivados del acuerdo de 2018.