La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, ha evitado este viernes confrontar con Eudel tras la publicación del duro informe externo encargado por la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos en relación con el anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático que pretende extender a iniciativas privadas el concepto de Proyectos de Interés Público Superior (PIPS) que se impondrá a los municipios.

En respuesta al parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, Tapia se ha limitado a señalar que «estamos en un trámite muy inicial, muy incipiente» y ha afirmado que están recogiendo  aportaciones que «después quedarán recogidas en el proyecto de ley».

Textualmente, el informe aseguraba que el anteproyecto de ley presentado por el Departamento de Tapia «puede incurrir en causa de inconstitucionalidad por vulneración de la autonomía municipal», algo que Tapia ha negado ya que la ley «está en tramitación inicial y todavía sin recoger todas esas aportaciones». «La alegación de inconstitucionalidad sería entendible si fuera un momento en que la ley está ya en este Parlamento tras haber sido aprobada por el Consejo de Gobierno», ha añadido.

Sobre la imposición de los Proyectos de Interés Público Superior, la consejera ha asegurado que cuando un proyecto sea considerado de interes público, los ayuntamientos tendrán dos meses para emitir su informe, pero ha matizado que el mismo será valorado por Lakua.

«El anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático también deberá presentar un informe y ahí está Eudel por segunda vez. Y la tercera ocasión es que todo este tipo de proyectos tienen que tener la evaluación ambiental correspondiente, donde también se vuelve a consultar a los ayuntamientos, luego, hasta tres veces», ha remarcado.

Otero: «Cinismo»

Otero ha hablado de «cinismo» al recordar que con la Ley de Administración Ambiental el PNV aseguró en diciembre que los PIPS solo servirían para sacar adelante proyectos de promoción pública, pero tal y como avanzó GARA, dos semanas antes ya había aprobado extenderlos a proyectos privados.

En este sentido, la consejera se ha escudado en que en en aquel mes de diciembre «hablamos de los públicos porque así lo dice la ley». Ahora, en la tramitación, que según Tapia ha sido «absolutamente transparente», se han puesto sobre la mesa otro tipo de proyectos como los privados.

Además, Tapia ha salido de paso alegando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen habla de las energías renovables y de que es momento de apostar por la eficiencia energética. «Ese momento también también le ha llegado a Euskadi», ha afirmado.

«De todas maneras, insisto, estamos en un momento muy incipiente de la tramitación de la ley y  habrá ocasión, como usted bien ha dicho, de hablar de todo lo que haya que hablar, incluso del informe de Eudel y de otros muchos que vamos a tener sobre la mesa», ha sentenciado Tapia.

Recorrido de una ley que vulnera la «autonomía municipal»

La Cámara de Gasteiz aprobó el 9 de diciembre la Ley de Administración ambiental. PNV y PSE introdujeron enmiendas que cambiaban la Ley de Ordenación Territorial y que permitían al Gobierno de Lakua imponer proyectos de infraestructuras aunque sean vetados por los ayuntamientos. Para ello crearon la figura de Proyectos de Interés Público Superior.

Nada más aprobar, con el voto en contra de toda la oposición, esa llamada «ley Tapia», GARA avanzó que la consejera ya quería modificarla a través de una «Ley Tapia +», para poder imponer a los municipios no solo proyectos «promovidos por la iniciativa pública», sino también los «promovidos indistintamente por la iniciativa pública y/o privada», y no solo los de carácter medioambiental.

Estos cambios están recogidos en el anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, firmada por la propia Tapia, y con fecha de 26 de noviembre de 2021. En otros términos, mientras los primeros cambios estaban todavía debatiéndose en el Parlamento, los segundas modificaciones para que promotores privados también puedan sortear el veto municipal.

Ante esta metamorfosis de lo que era el proyecto incial, la Comisión Ejecutiva de Eudel mostró su «desacuerdo y preocupación», pero, según pudo constatar este medio, el demoledor informe encargado por Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos era mucho más duro, e incluso remarcaba que la «Ley Tapia +» entrañaba una «vulneración de la autonomía municipal».