La Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-CSC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y el sindicato de docentes Ustec han convocado para este miércoles huelga y protestas en Catalunya por la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano y para defender «los pilares de una escuela pública de calidad y en catalán».

Están llamados a la huelga trabajadores de todos los niveles educativos, desde infantil hasta universitarios, de la educación publica y concertada catalana, además de los estudiantes de instituto y de las universidades.

Al margen de las entidades convocantes, la protesta cuenta con el apoyo del resto de sindicatos de profesores, del Sindicato de Estudiantes (SE) y de la Asociación de Estudiantes Progresistas (AEP).

La protesta arrancará bajo el lema «Su sentencia, ¡nuestra lucha! ¡La escuela en catalán! 23 de marzo, huelga por la lengua», han indicado los convocantes, que han recordado que el próximo 5 de abril acaba el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para empezar a aplicar la sentencia e impartir en todos los colegios catalanes el 25% de las materias en castellano.

Por ello, los convocantes han denunciado que «nos encontramos en tiempos de descuento» y ante la urgencia del calendario de aplicación de la sentencia, han criticado que la Conselleria de Educación «todavía no haya dicho qué hará para garantizar que el catalán continúe siendo la lengua vehicular en nuestras aulas».

Así, han hecho un llamamiento a la conselleria para que «asuma todas las responsabilidades en la defensa de la lengua catalana y que se comprometa, con medidas concretas, a preservar y blindar el modelo de inmersión lingüística» y han invitado al conjunto de la comunidad educativa a movilizarse este miércoles.

Las direcciones, en la diana de la Fiscalía

Por su parte, en repetidas ocasiones, el conseller de Educación, Josep González Cambray, ha instado a las escuelas e institutos a seguir aplicando su propio modelo lingüístico de centro, a la vez que ha afirmado que asume la responsabilidad de ello.

Sin embargo, desde la Fiscalía se ha apuntado a que la responsabilidad de las actuaciones en los centros educativos recaen en las direcciones, lo que las deja en una posición difícil a la hora de defender el modelo de inmersión lingüística y no impartir el 25% de materias en castellano.

La conselleria, por su parte, ha articulado un plan para diagnosticar la realidad lingüística de cada centro educativo, que cuenta con la implicación de la inspección educativa, para «fomentar el uso del catalán» que –según afirman– «está en retroceso».

Caso Canet

El TSJC ha denegado levantar cautelarmente el 25% de castellano que fijó en un grupo de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) como pidió un conjunto de familias del centro. En el auto, consultado este martes por Europa Press, el tribunal rechaza anular la medida cautelar que adoptó después de que una familia del centro pidiera escolarización en catalán y castellano a partes iguales.

El juez también destaca que la sentencia que fija un 25% de castellano en toda la educación catalana ya es firme desde el pasado diciembre y que la ley comporta «necesariamente el uso vehicular» de catalán y castellano.

En una rueda de prensa, el abogado de las familias, Benet Salellas, ha lamentado que el tribunal no ha emitido «ningún argumento jurídico, en relación al derecho positivo, a la normativa, a las leyes vigentes».

Salellas ha anunciado que redoblarán los esfuerzos y los argumentos porque «más allá de una visión ideológica de la imposición de la cooficialidad no hay argumento que avale la tesis del 25%».

Decreto de régimen lingüístico

González-Cambray ha anunciado este martes en rueda de prensa que el Govern ha abierto el periodo de consulta pública previa sobre el proyecto de decreto para desplegar el régimen lingüístico del sistema educativo, un nuevo marco con el que pretende dar respuesta a la imposición del 25% en castellano.

Ha asegurado que lo que trasladarán al tribunal es que el Govern impulsa este nuevo marco normativo para reforzar el modelo de escuela catalana, que tendrá en cuenta la realidad sociolingüística de cada centro y que aplicará «el principio pedagógico de que el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, sino de pedagogía».

El periodo de consulta será de un mes y el decreto estará listo previsiblemente en entre 8 y 12 meses, ha explicado Cambray a preguntas de los medios junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien ha recalcado que pretenden proteger el catalán «ante injerencias y ataques continuados».

Cambray ha detallado que el decreto desarrollará el título segundo de la Ley de Educación de Catalunya (LEC) y que tiene por objetivo «fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana, y dotar de más seguridad jurídica los proyectos lingüísticos de los centros educativos».